El pasado 17 de mayo, la Junta de Andalucía adjudicó a José Manuel Pascual la asistencia sanitaria integral a los usuarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en los centros hospitalarios autorizados y homologados en Cádiz capital y en las localidades de El Puerto, Sanlúcar y Villamartín, en la provincia, y Lepe, en el distrito Huelva-Costa por un plazo de cinco años y un presupuesto de más de 771, 7 millones de euros.
En el caso de la ciudad, el director gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, argumentaba para justificar la ampliación del concierto a la clínica San Rafael que el Hospital Puerta del Mar, “referencia para la provincia de Cádiz” y también “referente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, “un empeoramiento de los indicadores asistenciales, incrementos de las listas de espera quirúrgicas, con un crecimiento del 151% de pacientes fuera de plazo, y la demora media subió en un 31% a finales de abril de 2021 con respecto al inicio de la pandemia”.
Antes de la irrupción del Covid, Guzmán relata que el hospital público de Cádiz “ha presentado problemas de saturación en algunas áreas sobrepasando la ocupación del 80% de las camas en algunas especialidades como Aparato Digestivo, Cirugía Plástica, Hematología, Nefrología y Cirugía Torácica”.
Las secciones sindicales de Autonomía Obrera (AO) y CGT niegan la mayor. “La ampliación del concierto no tiene sentido, es una estrategia de gestión política que favorece la privatización del sistema sanitario usando los recursos público en favor” de Pascual, denuncia José Martínez Caño, portavoz de AO, “para que se siga llenando los bolsillos con los recursos que pagamos todos los ciudadanos”.
Lo cierto, de hecho, es que el Puerta del Mar “está infrautilizado”. “Las tardes y los fines de semana, es un desierto, mientras que San Rafael funciona a tope todo el día porque se derivan usuarios”, agrega.
Y ofrece contundentes datos que confirman que “se está dejando morir la sanidad pública”. En primer lugar, indica que el hospital Puerta del Mar mantiene cerrados desde hace más de un año dos de las 25 unidades de hospitalización: el antiguo control de Cirugía Pediátrica, en la séptima planta, con 32 camas, y el control de Nefrología, en el octavo piso, con otras 22 plazas. “Y no hay visos de que vayan a volver a brir en un corto plazo”, advierte.
Por otro lado, señala “el deficiente porcentaje de ocupación de las camas operativas”. A finales de la semana pasada, se contabilizaban 536 plazas disponibles. Sin embargo, solo estaban ocupadas 334, dos tercios del total. Si se sumaran las camas de los controles cerrados, el porcentaje se reduciría a poco más de la mitad del total de recursos.
Finalmente, Martínez Caño indica que, desde la extinción de los contratos del personal para el refuerzo Covid, “se ha retornado de un plumazo a las escuálidas cifras prepandemia”. La propia gerencia, sostiene, ha informado de que de las 214 personas que se encontraban en situación de incapacidad temporal a mediados de mayo, únicamente se sustituyeron 75.
Por todo ello, AO y UGT exigen la dimisión del gerente del hospital, la reapertura de las unidades cerradas, el incremento de los niveles de ocupación de camas, la sustitución de las bajas y el fin del concierto con Pascual.
Preocupación por los Cuidados Paliativos
El personal de la unidad de Cuidados Paliativos hizo llegar al gerente del Hospital Puerta del Mar un pliego de firmas en el que solicitaba que el traslado provisional del verano se ejecute sin disgregar a pacientes y trabajadores, que se limite lo justo para hacer las obras en la planta y que, tras los trabajos, vuelva su ubicación actual, además de que se garantice la permanencia de la unidad a medio y largo plazo. Finalmente, el personal reclama ser consultados antes de la toma de decisiones.
