El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 declaró durante más de cuatro horas ante el juez instructor Manuel Marchena, que investiga si cometió los delitos de prevaricación y cohecho al cobrar 302.000 euros en 2005 y 2006 por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York que fueron patrocinados por el Banco Santander.
Los abogados querellantes, José Luis Mazón y Antonio Panea, relacionan estos pagos con la decisión posterior de Garzón de no admitir a trámite una querella formulada contra directivos de la entidad financiera, entre ellos su presidente Emilio Botín, en el proceso penal por las "cesiones de crédito".
Molina aseguró que el respeto de su cliente por el Tribunal Supremo y el juez instructor de la causa, Manuel Marchena, es "máximo" y que "siente" que las "manifestaciones de apoyo a su favor" que vienen sucediéndose en los últimos días "le perjudican" aunque él "no las controla".
El PSOE responde a Rajoy
El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, ha defendido que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, "tiene derecho a estar en un acto de apoyo a un juez que ha intentado juzgar" los crímenes de la Guerra Civil en España, y quiso destacar que su propia familia fue víctima del franquismo.
En declaraciones a RNE, el dirigente socialista recalcó que "el padre del señor Zarrías estuvo doce años en la cárcel durante el franquismo", y que tanto su abuelo paterno como el materno fueron "detenidos y fusilados en la Guerra Civil".
"Lo que perjudica la democracia es la desmemoria y el olvido", sostuvo el diputado, añadiendo que "lo que no pueden hacer algunos ahora es desvincularse de lo que ha pasado en España, y hacer que las víctimas y los familiares olviden".
Hernando admitió que, "por supuesto" hay que "perdonar y superar el pasado", pero que eso no obliga a la "desmemoria" y a hacer que las víctimas y sus familiares "olviden". "No hay derecho a que nos dé igual todo lo que pasó", añadió.
Por esto, tildó de "despropósito" que "los que en 1975 perdieron con el triunfo de la democracia, sean los que quieran empitonar al juez" en la actualidad. Asímismo, manifestó que "en ningún caso cree que el juez cometiera prevaricación", pese a que alguna de sus decisiones "ha podido ser errónea".
"Sarcasmo"
Así, el dirigente socialista se refirió a la petición de dimisión de Gaspar Zarrías por parte del presidente del PP, Mariano Rajoy, y aseveró que "la palabra dimisión en la boca de Rajoy es un sarcasmo, cuando no ha sido capaz de hacer dimitir al senador Bárcenas ni al diputado Merino", implicados ambos en la trama Gürtel.
Hernando ironizó con las críticas del PP al acto, y recordó cuando el principal partido de la oposición junto a la AVT "convocaron una manifestación en contra de una sentencia del Tribunal Supremo en la que había banderas con águilas y dónde se puso el himno de España". "El PP nos tiene muy acostumbrados a esto del embudo, lo ha hecho para nosotros y lo ha hecho para los demás", agregó.
Desde Argentina
Un total de diez asociaciones y dos particulares presentaron este miércoles una querella ante la Justicia argentina contra el "genocidio" cometido contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España, en virtud del principio de jurisdicción universal. En su denuncia, solicitan que se pida a España la identificación de todos sus presidentes y ministros entre 1936 y 1977, en el marco de la investigación que ayude a identificar a los responsables de estos crímenes y la detención de los que continúen vivos.
Los denunciantes alegan que los crímenes cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, constitutivos de un delito de genocidio y/o de lesa humanidad, "nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española". "Hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad", afirman.
La denuncia ha sido presentada por un total de diez organizaciones no gubernamentales --Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica-- y por dos particulares, Darío Rivas Cando e Inés García Holgado.
Estos dos últimos denuncian, respectivamente, la muerte de su padre y de tres tíos. El padre de Rivas fue alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei y, tras la sublevación, fue encarcelado. Finalmente, murió fusilado en 1936, el día en que fue puesto en libertad, cuando caminaba por una carretera. Su cuerpo fue encontrado en una exhumación realizada en 2005 en la localidad lucense de Portomarín.
Técnica de homicidios perfeccionada por la Falange
Mientras tanto, un tío de Inés García permanece desaparecido y los otros dos fueron fusilados. En la querella, los 12 denunciantes alegan que los familiares de Rivas y García "fueron víctimas de una técnica de homicidios perfeccionada por la Falange Española, que denominaba 'paseos' los fusilamientos por la espalda de los presos a los que los sublevados no sometían a un juicio, cuyos cadáveres eran dejados al costado por los caminos".
Todas estas circunstancias, afirman, se extienden a "decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección, en lo que constituyó un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno, a través de la eliminación física de sus más representivos exponentes.
Para la determinación de los hechos delictivos, el contexto en el que se produjeron y sus características, los querellantes transcriben extensamente párrafos de los autos del juez Garzón de 2008 en los que, primero, se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo y, posteriormente, trasladó la competencia a los juzgados de las provincias donde hay fosas comunes.
Ley de Amnistía
En la querella, los denunciantes afirman que no tienen como propósito cuestionar la Ley de Amnistía española, sino "el ejercicio de la jurisdicción argentina respecto de crímenes que ofenden y lesionan a la humanidad que permanecen impunes". Con todo recuerdan que este tipo de leyes no son admitidas por el Derecho Internacional y en Argentina se han declarado "insanablemente nulas".
En cualquier caso, apuntan que esta "ley interna española" no afecta a la jurisdicción que ejerzan los órganos judiciales de otros países, tal y como, además, han puesto de manifiesto los tribunales españoles "que ejercieron su jurisdicción respecto de crímenes del mismo tenor cometidos en América Latina cuando, con justificación en leyes de impunidad, los tribunales de nuestros países no podían o no querían ejercer su jurisdicción sobre los mismos".
Por ello, tildan de "inaudito" que el juez Garzón haya sido acusado de prevaricación por la Falange cuando lo que hizo fue "interpretar la Ley de Amnistía en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el sentido de que la misma no puede amparar la impunidad de crímenes de lesa humanidad".
Justicia universal
Defienden la competencia de los tribunales argentinos en estos hechos asegurando que la Constitución argentina atribuye jurisdicción a sus jueces para el conocimiento, investigación y en su caso enjuiciamiento de los responsables de crímenes lesivos para la humanidad cometidos fuera del territorio nacional.
En concreto, el artículo 118 de la Carta Magna del país suramericano establecía que el Congreso nacional debía determinar por "una ley especial" el lugar en que ha de seguir juicio contra los autores de crímenes cometidos fuera de los límites de su nación.
Esta ley data de 2006, cuando el Congreso argentino incorporó a la legislación del país el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998, que creó la Corte Penal Internacional. En su artículo 5, la ley argentina establece que la competencia por la comisión de los delitos previstos en dicho Estatuto --genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra-- corresponde a los tribunales federales con competencia en lo penal.
"Es decir, que nuestra Carta Magna establece el principio de jurisdicción universal", sostienen, para después recordar que los tribunales españoles han ejercido "activamente" este principio desde 1996 "en relación con crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en Argentina, Chile, Guatemala y otros países del mundo, en múltiples resoluciones de sus distintos juzgados y tribunales".
Entre otros asuntos, se refieren concretamente a la detención de Augusto Pinochet en Lodnres en 1998 por solicitud del juez Garzón, en el marco de una petición de extradición.
Responsables
Por todo ello, piden que sea admitida la querella y se instruyan actuaciones para la investigación de los hechos, la identificación de sus responsables, la imputación y detención de los mismos de aquellos que estén vivos y demás medidas que en derecho correspondan.
Para tal fin, solicitan al Gobierno de España que recabe a los organismos competentes información sobre los nombres y último domicilio conocidio de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español que desarrollaron sus funciones entre 1936 y 1977 y certificación de los que hayan fallecido.
Piden la misma información referente a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores Generales de Seguridad y dirigentes de Falange Española, así como sobre el número de personas desaparecidas y asesinadas y sobre niños sustraidos a sus familias. También piden datos sobre las fosas comunes localizadas y una lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos que siguen activas.
Además, requieren, mediante exhorto por vía diplomática, al juzgado de Garzón para que remita testimonio completo de las diligencias previas y sumario de su investigación.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha calificado de "claramente antidemocrático" el "espectáculo" celebrado en la Universidad Complutense a favor del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y exigió que el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, que asistió al acto, no continúe en su puesto "ni un minuto más".
En declaraciones en Guadalajara, donde visitaba un centro de Proyecto Hombre, el dirigente del PP cargó contra el acto organizado por los sindicatos UGT y CCOO porque a su juicio fue "claramente antidemocrático" y un "espectáculo" que no debería repetirse. "Y así hay que decirlo porque es la verdad", sentenció.
"Todas las personas, todas, desde la más importante en la sociedad hasta la más humilde, son iguales ante la ley, se llamen Garzón, Pérez o Fernández", manifestó el líder 'popular', argumentando que los jueces están sometidos a la ley "como todos los demás".
"Siempre creo que los jueces son los que tienen la última palabra porque así lo dice la Constitución, la ley. Y ahí está uno de los aspectos básicos de la democracia: un legislativo, un ejecutivo y un judicial. Y hay que respetar las decisiones de los jueces, pero los jueces, como todos los demás, están sometidos al imperio de la ley, que es la voluntad de la mayoría", insistió.
Mariano Rajoy añadió que por estos motivos su partido solicitó ayer un pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de "respaldo" a los jueces, "porque la independencia de poderes es algo básico en democracia".
Y por respeto a esta independencia de poderes, el líder 'popular' censuró la presencia en el acto de Gaspar Zarrías, mano derecha de Manuel Chaves en el Ministerio de Política Territorial. "No debería seguir como secretario de Estado ni un minuto más", exigió.
Rajoy hizo estas declaraciones en respuesta a varias preguntas de los periodistas, uno de los cuales se dirigió por error al líder 'popular' como "señor Garzón". "No se lo tomaré en cuenta, porque soy consciente de que ha sido una equivocación -- le respondió Rajoy--, aunque estoy preocupado por el subconsciente".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó este martes su "preocupación y tristeza" ante las manifestaciones que "de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo" por la causa que instruye contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, al tiempo que advirtió que el "descrédito" que provocan hacia el Estado de Derecho "no resulta tolerable".
La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, reunida este martes en Granada, aprobó un acuerdo en el que reprueba "de manera especial" las manifestaciones "realizadas en el día de hoy por personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado".
Durante el acto de apoyo a Garzón organizado por los sindicatos CCOO y UGT en la Universidad Complutense, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villajero acusó a los jueces del Supremo de haber estado en el Tribunal de Orden Público (TOP) del franquismo y de haber sido "cómplices de torturas".
En "estricto cumplimiento de su función nuclear de defensa de la independencia judicial" y sin perjuicio de "recordar la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales", el Consejo reitera "con firmeza la ineludible necesidad de respetar la actuación de los órganos judiciales, cuya cúspide ostenta el Tribunal Supremo".
No constan quejas
Tras la reunión de la Comisión Permanente, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, aseguró que, "si los jueces se sienten presionados por los sindicatos, les corresponde a ellos valorarlo". "A mí no me consta ninguna queja por parte de ningún miembro del poder judicial en la que comuniquen de forma expresa que se sienten de alguna forma presionados", añadió.
El Tribunal Supremo no ha notificado aún al órgano de gobierno de los jueces la resolución por la que se acuerda proceder penalmente contra Garzón por un posible delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, por lo que la decisión sobre su suspensión de funciones podría retrasarse más allá del Pleno del día 22.
Apoyo a Garzón
El salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido el acto organizado por UGT y CCOO en apoyo al juez Baltasar Garzón, en el que reivindicaron la figura del magistrado, reclamaron el fin de su "persecución" y defendieron que España necesita una transición ética y moral.
Ante un auditorio abarrotado que dejó pequeño el salón de actos de la facultad, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, expresó su "rechazo, estupor e indignación por la persecución de un hombre digno y cabal", y denunció que se pretende "dejar en la impunidad los crímenes del franquismo y el mayor caso de corrupción conocido en la España democrática", en referencia al 'caso Gürtel'.
Por su parte, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, dijo que es una "ignominia que organizaciones que en otros países estarían ilegalizadas en España vean atendidas sus demandas". "De la crisis económica se sale, tarde o temprano pero vamos a salir. Lo que no podemos permitir es que se consolide la crisis ética y moral que afecta a este país. Ha llegado el momento de una gran iniciativa restauradora, España necesita una transición ética y moral", aseveró.
En este contexto, Toxo rechazó además las críticas de la secretaria general de los 'populares', María Dolores de Cospedal, a la celebración de este acto y aseguró que el PP "bien haría" en sumarse al proceso de regeneración que está en marcha en España.
El primero en intervenir fue el rector de la Universidad Complutense, Carlos Berzosa, quien explicó que este centro universitario acogió el acto porque "defiende la democracia". También intervino el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y entre el público estaban destacados políticos como el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall o los dirigentes de Izquierda Unida Cayo Lara y Gaspar Llamazares, además de diferentes líderes sindicalistas y las Abuelas de la Plaza de Mayo.
