La comisión de Peticiones de la Eurocámara decidió este miércoles mantener abierta la petición para que se investiguen las denuncias de vulneración de derechos fundamentales en los campamentos de trabajadores temporeros inmigrantes en las provincias andaluzas de Huelva y Almería.
La presidenta de esa comisión parlamentaria, la eurodiputada española del PP Dolors Montserrat, acordó también compartir el expediente con la comisión parlamentaria de Empleo y llamó a la Comisión Europea a seguir informando al Parlamento Europeo de la evolución de la situación.
La petición, trasladada a la Eurocámara por Izquierda Unida y las ONG Asociación Multicultural Mazagón y Almería Acoge, busca mejorar las condiciones de cerca de 10.000 inmigrantes que trabajan en la agricultura en Huelva y Almería y que viven "en condiciones inhumanas" en chabolas sin acceso a servicios básicos, denunció el peticionario y coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero.
Los ayuntamientos "miran hacia otro lado" y se niegan a empadronar a esos asalariados, en su mayoría mujeres, por "racismo institucional", dijo.
La Comisión Europea, por su parte, explicó que vigila la situación, que afecta a personas de nacionalidad marroquí, búlgara o rumana pero también española, y señaló que "las autoridades nacionales, regionales y municipales han empezado a resolver la situación".
Recordó además que la Política Agraria Común (PAC) para 2021-2027 incluye por primer vez un mecanismo de condicionalidad que exige que se traslade a los trabajadores una descripción por escrito de sus tareas y que se les aporte una vivienda segura.
El Ejecutivo comunitario está finalizando el seguimiento de la implementación de la Directiva de Trabajadores Estacionales, que incluirá a España, y trabaja para "identificar potenciales agujeros en la aplicación" de la normativa.
No obstante, Bruselas reconoció la "realidad bastante preocupante" por la "altísima tasa de personas en riesgo de pobreza entre la población inmigrantes y, sobre todo la gran diferencia con la población nativa, siendo 56 % para la primera y el 22 % para la segunda", que además se ha incrementado "de manera muy significativa en los dos últimos años, en 8 puntos porcentuales".
España presenta la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza más alta de Europa, con el 34 % frente a la media europea del 20 %, señalaron las expertas que representaron al Ejecutivo en la audiencia parlamentaria.
Subrayaron también que España debe vigilar las capacidades de la Inspección de Trabajo, que es "un instrumento fundamental", y en particular para garantizar que se respetan unos mínimos en el ámbito de trabajadores inmigrantes en situación irregular o el acceso a una vivienda digna y celebró que en febrero de 2023 España haya anunciado un incremento de 2.200 inspectores y subinspectores.
Todos los eurodiputados que intervinieron, independientemente de su color político, solicitaron mantener abierta la petición.
El alemán Peter Jahr del Partido Popular Europeo, único parlamentario no español que intervino, pidió "que la Comisión se ocupe intensamente de este tema".
La parlamentaria del PSOE Cristina Maestre llamó a la Comisión Europea a que "someta a control este tipo de actuaciones", mientras que la diputada del BNG Ana Miranda, en nombre del grupo de los Verdes, denunció una situación de "esclavitud laboral".
El popular Juan Ignacio Zoido consideró que "la inmigración en Andalucía está siendo un problema cada vez más presente", dijo que "esta situación tenemos que erradicarla" y defendió a las confederaciones de empresarios, que han firmado convenios de colaboración.
El eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda, de origen andaluz, señaló que "no sólo es un problema de dinero, sino también de voluntad política" y lamentó que los afectados son "personas que viven peor que el ganado".
