El Ayuntamiento de Pontevedra ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para revocar la sentencia del Tribunal Supremo que avala la continuidad de la fabrica de Ence en la ría de Pontevedra hasta el año 2073.
Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que ha detallado que el recurso apela a que se ha vulnerado el principio de tutela judicial efectiva del Ayuntamiento durante todo el proceso judicial seguido en el Supremo.
Los servicios jurídicos municipales, en colaboración con el equipo legal contratado por el municipio -CSS Abogados, con el exministro de Justicia Francisco Caamaño al frente- presentaron meses atrás un incidente de nulidad ante el Alto Tribunal que fue desestimado.
El recurso de amparo presentado ahora ante el Constitucional basa su argumentación en que, en su día, la Audiencia Nacional recibió hasta seis motivos distintos para anular la prórroga concedida a Ence por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy.
El tribunal solo analizó el primero de los argumentos, referido al artículo 32 de la Ley de Costas, resolviendo e indicando que, efectivamente, la factoría de Ence podía estar situada en otro espacio, anulando así la prórroga que le permitía ocupar terrenos de dominio marítimo terrestre.
Quedaron otros cinco motivos sin analizar, entre ellos la vulneración de la legislación ambiental autonómica en lo referido al Plan de Ordenación del Litoral y las Directrices de Ordenación del Territorio; o que la propia prórroga fuera concedida por un gobierno en funciones.
De ahí que el Ayuntamiento sostenga que, si el Supremo no validó el primero de sus argumentos, el caso debe regresar a la Audiencia Nacional para que sea esta la que estudie el resto de los motivos esgrimidos en su defensa, ya que de no ser así se produciría indefensión.
Además, el nuevo recurso de amparo incide en que, según su criterio, la sentencia del Supremo va en contra de los fallos dictados por el propio Tribunal Constitucional con respecto a la ley de Costas, porque Ence sigue sin justificar que solo puede estar en la localización actual.
El Tribunal Constitucional, según Fernández Lores, tendrá un plazo de entre dos y tres años para dictar sentencia en el caso de admitir el recurso; y de no ser admitido, el alcalde ya ha avanzado que acudirá a la justicia europea para defender sus intereses.
El objetivo, ha mantenido el regidor pontevedrés, es seguir luchando por la defensa de la ría y por su recuperación ambiental, revirtiendo una prórroga que considera "injusta".
