Los alcaldes de los municipios del Condado de Huelva a los que afecta la Proposición de Ley (PDL) para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas en el entorno del Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado han valorado "positivamente" el acuerdo de diálogo al ser algo que "demandaban", así como solicitan que se cuente con "todos los agentes" para encontrar soluciones a los problemas de regadíos que no estén reñidas con un desarrollo sostenible de la zona.
En este sentido, el alcalde de Almonte, Francisco Bella (Ilusiona), ha mostrado su "satisfacción" porque Doñana sea un lugar "donde haya acuerdos y no haya discordia", ya que, "si hay algo que realmente sirve para la sostenibilidad de Doñana y para asegurar su conservación, es que el ecosistema social esté tranquilo y equilibrado", por lo que un acuerdo entre la Junta y el Gobierno central es "fundamental".
"Entrando en el fondo de la cuestión, el tema es muy importante, porque no solo tienen que comparecer, lógicamente, el Ministerio y la Junta de Andalucía, sino que también es muy importante que la gente que estamos en el lugar, es decir, los ayuntamientos, en este caso el Ayuntamiento de Almonte, tenga una presencia firme y decisiva también en todas las mesas de negociaciones que se planteen a partir de ahora", ha valorado.
Así, Bella manifiesta que los recursos que "se han puesto encima de la mesa" se apliquen "de la mejor manera posible para que realmente la satisfacción y el bienestar recaiga en la gente de la zona y no en otros lugares".
Por ello, el alcalde ha apuntado que el Ayuntamiento de Almonte "tiene que tener un papel básico y fundamental", por lo que va a reclamar su presencia en la mesa de negociación para que "realmente todo lo que se decida sobre el territorio, los agentes locales tengan un papel importante".
"Creo que es el momento de que eso vuelva a ser así, es decir, hubo un momento en la época en Doñana donde la actuación de los agentes locales tenía mucha importancia y hay que devolverle ese papel al mismo parque, porque de otra manera vemos que son distorsiones, son lupas que se ponen sobre el territorio desde lejos, pero que realmente no resuelven los problemas locales", ha subrayado.
Así las cosas, Bella ha mostrado la predisposición del Ayuntamiento para "formar parte de ese consenso y, lógicamente, pensar que el ecosistema social de Doñana es el principal que tiene que estar equilibrado, como se ha demostrado en muchísimas ocasiones".
Por su parte, el alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), ha valorado "muy positivamente" este diálogo porque "realmente esto es lo que veníamos demandando" ya que los alcaldes "lo que queríamos era una solución" y la PDL "era un engañabobos" que "no iba a llegar a ningún lado, porque si tienes enfrente a la comunidad científica, a la Unesco, a Europa y al Gobierno central, aunque se llegara a aprobar se iba a recurrir y no llega a ningún lado".
Por ello, considera que la tramitación de la ley "no es ninguna solución" sino que la misma "es esto, sentarte, hacer una convención bilateral y contar con todos los actores que están ahí como se han comprometido", por lo que espera que los llamen "para poder opinar y que se haga una ruta para que se compense a aquellos agricultores que realmente son afectados y para que se haga un cambio en la comarca y en el municipio sobre sectores producidos que permita un desarrollo sostenible y que no se vea resentida ahora la economía".
En este sentido, ha manifestado que cree que "con todos juntos se buscará la solución más correcta", por lo que se ha mostrado "contento" porque "por fin se ha producido lo que todo el mundo quería". "Queríamos esto porque sabíamos que esta era la solución y por fin se ha dado" para "de esta manera, hallar una solución sostenible, que proteja también el espacio natural de Doñana".
De otro lado, el alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor (PP), ha destacado que es "importante" el consenso y "llegar a acuerdos" de forma que "el mayor número de persona afectadas estén contentas con la decisión que se vaya a tomar", al tiempo que ha manifestado que la Junta "llevaba mucho tiempo esperando que desde el Gobierno central se sentaran a hablar sobre el tema", por lo que se ha mostrado "contento" pero "firme" en que la PDL "es justa para los agricultores de la zona".
En este sentido, Regidor ha insistido en que la PDL "sigue adelante" porque "no se ha paralizado ni se va a paralizar" y ha señalado que en su municipio "el cien por cien de los vecinos están afectados" ya que "directa o indirectamente comen todos de la agricultura".
Asimismo, el alcalde de Lucena del Puerto ha abogado por dar "una solución" porque, "de no ser así, esto implicaría la ruina de Lucena y de prácticamente toda la provincia" ya que "la agricultura en Huelva supone muchos puestos de trabajo" y "no es lógico que desde la administración pública se destruya empleo".
Finalmente, ha explicado que en su municipio están afectadas "unas 700 hectáreas" y que "el 90 o 95% de los agricultores tienen, no todas, pero parte de las tierras están afectadas", toda vez que ha recordado que en Lucena del Puerto "todos los negocios comen directa o indirectamente de la agricultura". Por ello, ha valorado "de forma positiva" que se trate de buscar una solución "consensuada".
El alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar (PSOE), se ha manifestado en la misma línea que el alcalde de Bonares, señalando que la PDL "no tenía datos, ni participación por parte de los ayuntamientos y tampoco de la administración central" sobre "la situación, naturaleza y cómo afectaba al entorno de Doñana dicha modificación y dichas propuestas" que "no nacen del consenso ni de la participación territorial y tampoco nace de la condición técnica que necesita cualquier propuesta".
En este sentido, ha querido "contextualizar" la situación, apuntando que se están hablando de "dos asuntos distintos". "Uno es la ordenación del territorio en términos de suelo. Y el otro asunto, que es bien distinto, es la condición, capacidad y cuantificación de riego y de agua que pueda tener ese territorio y esa ordenación".
Por ello, ha criticado que "no ha sido convocado a ninguna reunión para conocer cómo afecta en lo territorial una propuesta de ley que sí vincula al ayuntamiento, a las comunidades de regantes, a los agricultores, a un conjunto de personas que no solamente viven del entorno, sino que además construyen el entorno", toda vez que ha subrayado que "tampoco se han atendido a cuestiones y preguntas de cómo afecta, por qué afecta, y a quién afecta. Y sobre todo, qué participación tiene de aquellas personas que son afectadas".
A este respecto, Cuéllar ha puesto como ejemplo que "nadie ha a sabido responder a cuántas hectáreas estarían afectadas" en los términos municipales de los municipios ni si esta modificación de los regadíos "actúa e incide sobre el uso del agua o no", al tiempo que ha planteado que "tampoco tienen participación efectiva los organismos que conocen bien la materia".
"Entiendo que el Gobierno central ha llegado a un acuerdo con la Junta ya que el gobierno de Moreno se ha dado cuenta de que no imperaba el sentido común al menos hasta el momento de hoy" lo que, a su juicio, "reafirma que se ha equivocado", ha dicho antes de añadir que "en primer lugar habría que hacer un análisis pormenorizado, sentadas todas las partes, ver hasta dónde se puede llegar y a partir de ahí buscar soluciones".
En este sentido, considera que "sería una bonita solución de futuro y de desarrollo la permuta, liberación o modificación del entorno, trabajándolo con el Estado, la Junta y los ayuntamientos" para, además, proteger el entorno de Doñana y se garantice el desarrollo económico de la comarca".
