La Comisión de Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate tiene uno de esos nombres tan largos que cuando terminas de leerlo tienes que volver al principio para recordar de qué estamos hablando. Y hablamos de sequía, aunque su traducción más exacta sea la de recortes en el suministro de las reservas de agua. Esta semana se ha aprobado duplicar el correspondiente a los regantes, del 25 al 50%, y se ha anunciado un primero del 20% para el consumo en los hogares que ahora cada ayuntamiento tendrá que definir cómo se plasma, si con reducción de la presión en determinados momentos del día o, directamente, con cortes.
La realidad es la siguiente: las precipitaciones que se se vienen registrando desde el año hidrológico 2018/2019 han estado por debajo de los valores medios históricos de la cuenca. Cinco años consecutivos en los que el agua embalsada ha ido reduciéndose hasta el 16% actual. En el campo confían en que se produzca, por fin, un cambio de ciclo, pero las previsiones meteorológicas que se manejan no apuntan a que pueda ser así en el corto plazo, sin olvidar la caprichosa evolución de las últimas precipitaciones, geolocalizadas y muy intensas, pero de escasa aportación a las cuencas.
Resulta irónico, pero el campo se enfrenta a una tormenta perfecta que por ahora solo descarga más ruina e incertidumbre: no llueve, dispone de la mitad de agua para regar y debe afrontar unos costes de producción asfixiantes. La cuestión es que va a dejar de ser un asunto ajeno al resto de la población en el momento en que empiecen a aplicarse también los recortes en el consumo. A priori, un 20% no parece mucho, pero habrá que sacarlo de algún sitio.
Irónico es asimismo que la decisión de la Comisión de Gestión haya llegado en pleno debate sobre la inminente subida del coste del servicio del agua en alta, que ha suscitado otra metafórica tormenta, en este caso política, puesto que los ayuntamientos gobernados por el PSOE se han posicionado ya en contra de que el incremento previsto sea de un 113%, e incluso alguno del PP, como el de Jerez, invita a echarle un vistazo a los números. El punto de partida es impepinable: el precio del agua en alta no se sube desde 2016, pese al encarecimiento del servicio y la necesidad de acometer mejoras en las infraestructuras hidráulicas de la provincia, lo que hace inevitable una revisión de la tarifa que, asimismo, se ha criticado por excesiva.
La cuestión, en todo caso, no es la subida, sino quién va a tener que terminar por asumirla, si cada ayuntamiento o el propio ciudadano. La pregunta, como comprenderán, se responde sola en la mayor parte de los municipios, porque ni hay músculo financiero para asumir la subida, ni hay elecciones municipales a la vuelta de la esquina. Los alcaldes y alcaldesas pondrán cara de mártir y apuntarán con el dedo índice al Consorcio de Aguas, que es el que pretende imponer el “tarifazo” -como lo llama el PSOE-, aunque en algunos casos bajo el riesgo de tener que borrar del currículum la promesa electoral de no subir los impuestos locales.
Han sido siete años sin subir el recibo del agua en alta, pero también cinco ejercicios consecutivos con años hidrológicos por debajo de la media en los que se ha avanzado poco en la aportación de soluciones de cara a afrontar un periodo de sequía severa como el presente, pese a que hay soluciones encima de la mesa. Una de ellas es la construcción de desaladoras, aunque desde el campo se opta por cerrar con antelación el ciclo integral del agua de la mano de las depuradoras. Solo en Jerez, la depuradora de El Portal suelta 19 hectómetros cúbicos al cauce del Guadalete. Según los cálculos de COAG, con esa cantidad se pueden regar entre 3.000 y 3.500 hectáreas, “y es un agua que se está tirando al mar”, lamentaba hace unos días Miguel Pérez. Suena razonable, parece razonable, y es solo cuestión de priorizar, prever y actuar, porque, definitivamente, esto nos afecta a todos.
