El CIE de Algeciras, ubicado en la antigua cárcel de La Piñera, cuenta actualmente con un total de 165 internos, una cifra que roza los límites previstos para su funcionamiento, que se encuentran entre los 170 y los 190 inmigrantes.
Por su parte, el CIE de la Isla de Las Palomas, en Tarifa, que depende administrativamente de las instalaciones de La Piñera, oscila entre los 100 y los 120 inmigrantes, una cifra que también se acerca al límite de las posibilidades de este centro, y que obliga a personal de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional de Sevilla a trasladarse hasta Tarifa para su custodia.
Además de la saturación de estos centros y de las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes, a los CIE les sigue otra polémica, vinculada a la propia naturaleza jurídica en la que funcionan.
Con la aprobación de la Directiva de Retorno, las políticas de encierro de inmigrantes indocumentados como método de gestión de las migraciones se ha institucionalizado, con lo que las actuaciones estatales se vuelven más restrictivas y se da paso más, según diversas organizaciones humanitarias, a un “debilitamiento y restricción de las garantías democráticas y de los Derechos Humanos”.
En España, una persona es llevada a un CIE cuando ha cometido una infracción administrativa al no tener en orden su documentación y no poder residir de forma legal en España. Por este motivo, las personas que se hallen en esta situación pueden llegar a encontrarse detenidas hasta un máximo de cuarenta días, aunque el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería prevé ampliar el plazo máximo de detención a 60 días. Dicho ingreso en los centros solamente se podrá realizar en virtud de una resolución de la autoridad judicial competente.
CIE de Algeciras
El Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras tiene una capacidad para albergar a entre 170 y 190 inmigrantes, en virtud de las instalaciones que ofrece la antigua cárcel de La Piñera.
Sin embargo, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) viene denunciando en los últimos años el “déficit de seguridad” existente en la misma, ya que la dotación de agentes de la Policía Nacional para la custodia del mismo es significativamente desproporcionada.
Así lo demuestra el hecho de que, según denuncia el sindicato, haya una media de 170 internos diarios, y que cuenta “en la mayoría de sus turnos” con una dotación policial de cinco agentes para garantizar la seguridad. El SUP estima que el número mínimo de policías para unas condiciones óptimas de seguridad debería estar entre las diez y quince personas.
Por este motivo, pese a las previsiones oficiales de ocupación de las instalaciones, el SUP considera que “cuando el número pasa de cien la situación comienza a ser preocupante”.
Los 57.000 euros empleados reciente en mejoras de las dependencias son “insuficientes” en opinión del sindicato, que ha indicado que pese a la construcción de muros para guardar la intimidad en los aseos, la retirada de rejas y cambios de focos de iluminación “el centro se sigue deteriorando”.
Este deterioro ha sido puesto de relieve también en varias ocasiones por la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) de Andalucía, que denunció este año las “deficiencias en las instalaciones, en la dotación para las condiciones de las personas, hacinamiento por temporadas, irregularidades jurídicas, deficiencias en el servicio de asistencia jurídica e interpretación, sistemas de visita muy restrictivo, dificultades de comunicación con el exterior y, como antiguo centro penitenciario, todas las condiciones de una cárcel”.
Por su parte, Algeciras Acoge, en el informe relativo a su última visita al centro, elaboró un informe en el que detallaba irregularidades jurídicas, sociales y de seguridad. Así, el informe jurídico denuncia que “la presencia sanitaria en el centro es breve, con sólo tres horas en horario de mañana y otras tres en el de tarde, repartidas entre un licenciado en medicina y un ATS”.
En lo relativo a las comunicaciones y visitas, denuncian la existencia de obstáculos físicos entre visitante e interno. “Los locutorios para comunicaciones tienen un aspecto puramente penitenciario, además de no permitir la comunicación en condiciones de intimidad, ya que varias personas pueden comunicarse a la vez sin separación física entre ellos, lo que permite escuchar las conversaciones a terceras personas”, señalan.
Igualmente, el colectivo denunció que sólo existe un intérprete de inglés para subsaharianos anglófonos, incumpliendo la normativa la inexistencia de un traductor de árabe, dada la zona. Asimismo, no existen módulos familiares que permitan la estancia con hijos o a matrimonios.
Las Palomas
La ocupación en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Isla de las Palomas, en Tarifa, se encuentra actualmente entre los 100 y 120 inmigrantes, una ocupación que roza también la capacidad real con la que cuentan estas instalaciones, dependientes administrativamente del CIE de La Piñera.
La situación de este centro, además, cuenta con el añadido de su eventualidad, ya que su utilización como CIE fue una medida provisional adoptado en 2002 por el Gobierno de José María Aznar ante el desbordamiento de los centros de internamiento por las continuas llegadas de pateras a las costas españolas.
Pese a todo, y a diferencia de otras instalaciones de dudosa legalidad del territorio nacional, este centro sí es uno de los CIE legalmente constituidos. No obstante, organizaciones sociales de diferente índole, entre las que se encuentran el sindicato CGT, el grupo ecologista Agaden, la Asociación Pro Derechos Humanos o Algeciras Acoge han reclamado en varias ocasiones su cierre.
Este argumento, sumado a las condiciones del centro, se une el del proyecto medioambiental trazado desde hace años para la isla, antiguas instalaciones militares de Tarifa, y enclave natural privilegiado para el que se proyecto un uso ambiental y turístico.
A este respecto, el alcalde de Tarifa, Miguel Manella, recalcó que el proyecto del Ayuntamiento era que, “caso de que el CIE desapareciera, destinar para las instalaciones de la Isla de Las Palomas un uso medioambiental, cultural y educativo”.
Manella indicó que, una vez que el Ayuntamiento plasmó esta intención, se produjeron una serie de pasos para conseguir llevar a cabo el proyecto, uno de los cuales fue el de contactar con instituciones que pudieran dar salida real al mismo.
Entre los trabajos realizados, se contó con un estudio de la Fundación Migres, en el que se avaló la viabilidad del proyecto. El primer edil tarifeño recalcó que “estamos esperando las posibilidades para ejecutar esta viabilidad”.
En cualquier caso, Miguel Manella aclaró que “es un proyecto que requiere de la implicación de varios organismos, como la Diputación, la Junta, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio del Interior, y estamos a la espera de ponernos de acuerdo”.
Instalaciones
Al margen del proyecto, congelado por la Administración e hipotecado por su utilización como CIE, las antiguas instalaciones militares de Tarifa se encuentran en desuso y deterioradas, una circunstancia que motiva que se hayan alzado muchas voces contra su utilización como CIE.
Así, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denunció este año que el CIE “no reúne ninguno de los requisitos exigidos en este tipo de instalaciones”. “Los inmigrantes duermen en dos celdas con colchonetas por el suelo, tan sólo hay un termo con 200 litros de agua caliente para que se duchen cerca de 120 personas, y cuando se avería la bomba se quedan sin agua corriente”, recalcan.
Pese a todo, la Fiscalía General del Estado alude en su último informe como ejemplos de buen funcionamiento, al CIE de La Isla de Las Palomas, que posee unas instalaciones, servicios y condiciones “notoriamente mejores que las que presenta el de Algeciras, a pesar de que funciona como apéndice de éste y sin la debida cobertura reglamentaria”.
La Fiscalía General del Estado alude a las observaciones de la Fiscalía de Cádiz, que insta a que se ampare legalmente su creación, y se le dote de recursos propios y de funcionarios de Policía incluidos en el catálogo de puestos de trabajos de la Comisaría de Algeciras, de la que depende.
Igualmente, el diputado socialista Salvador de la Encina defendió que el CIE de Las Palomas “sí está en condiciones, con todos los informes positivos y con condiciones de atención y de seguridad dignas”.
De la Encina hizo mención al último informe del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, en el que destacaba al CIE de Tarifa como “uno de los mejores dotados”.
Los peores de España
La Fiscalía General del Estado considera que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras y Málaga son los peores de todo el país por las deficiencias en los servicios prestados a los internos y por las condiciones en las que están, y señala que si el primero parece una cárcel, el segundo tiene unas instalaciones “deplorables”.
Según recoge la Memoria de la institución correspondiente a 2009, el año pasado pasaron por el CIE de Algeciras y el centro de Isla de las Palomas un total de 3.972 inmigrantes, de los cuales 3.702 eran hombres y 270, mujeres. De ellos, 1.746 fueron expulsados. La Memoria de la Fiscalía recoge que en el CIE de Algeciras se reproduce cuanto se había denunciado el año anterior y mantiene que, en lugar de tratarse de un edificio destinado a custodiar a extranjeros sometidos al derecho sancionador administrativo, tiene la apariencia de una “prisión orientada al castigo y rehabilitación de delincuentes”.
Además indica que no se han solventado buena parte de las “graves deficiencias” de las que adolecía, “derivadas de la vetustez de la construcción que impide una estancia medianamente normalizada”. Por los nueve centros de internamiento de extranjeros de todo el país pasaron un total de 16.590 inmigrantes, lo que supone un 36,2% menos que en 2008.
