La investigación se inicia al comprobarse que A.S.R. había solicitado la regularización de varias personas extranjeras mediante su contratación para desarrollar labores en diferentes empleos ya que posee la condición de autónomo (taxista).
Iniciada la investigación se puede comprobar que A.S.R. mantiene una relación sentimental con S.Y.M.S., peruana de origen y a la que conoció en España. Esta última, aprovechándose de su relación con el español, le propuso la contratación de familiares y conocidos de su país a los que cobraba cantidades que oscilaban entre 900 y 2.000 € por realizarles la contratación para facilitar su emigración a España.
Esta mujer consiguió regularizar a un familiar e intentó la de dos conocidos que no consiguió, esto provocó que aumentaran significativamente las solicitudes desde Perú para regularizar a personas, como se pudo comprobar con la abundante documentación de identidad y personal de nacionales peruanos incautada en el registro que se efectuó en el domicilio de la pareja.
También se incautó en el domicilio un ordenador portátil propiedad de la mujer utilizado para contactar con las personas que se encontraban en Perú, utilizando este mismo medio para la recepción de copias de documentación, por lo que el ordenador está siendo estudiado por Unidades policiales especializadas con el fin de obtener un mayor número de pruebas de la comisión del delito.
Dados los beneficios que estaba obteniendo S.Y.M.S. amplió su ámbito de actuación al resto de la Península. Así, mientras a su pareja española le dijo desplazarse a Sevilla a trabajar, en realidad se desplaza al vecino país de Portugal en donde ha estado residiendo en el domicilio de un portugués al que conoció en esta comarca y con el que inició los trámites para casarse.
De la investigación se deduce que el fin del casamiento era acelerar la emigración de los hijos de ella residentes en Perú, sospechándose que había aprovechado la ocasión para iniciar la regularización en Portugal de una prima de ella y a la que podría haber solicitado una contraprestación por ello.
A la vista de esto la Ucrif ha activado los mecanismos de colaboración policial internacional para la persecución de estos delitos y por parte de autoridades portuguesas se esta comprobando tales extremos por si los hechos también fueran constitutivos de delitos en el país luso.
En la actuación policial se ha intervenido abundante documentación incriminatoria, el ordenador portátil referenciado, teléfonos móviles, un vehículo, una grabadora de voz, una cámara fotográfica y cerca de 600 euros. Estos efectos y las dos personas detenidas han pasado a disposición del Juzgado competente.
