En su escrito de defensa, presentado este miércoles en la Audiencia Nacional por el abogado de "Abdu Willy" y "Raageggesey Adji Haman", Andreas Chalaris, piden que testifiquen la ministra de Defensa, Carme Chacón, el ex titular de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y el embajador español en Kenia, Nicolás Martín, para "aclarar el precio del rescate y posibles condiciones" del mismo.
Así, reclaman también al Gobierno la desclasificación de los documentos relativos al supuesto pago por la liberación y solicitan que los dos procesados, para los que la Fiscalía solicita 220 años de prisión por 36 delitos de detención ilegal y uno de robo con violencia e intimidación y uso de armas, sean juzgados en Kenia y no en España.
Se refiere a los piratas el escrito como "presuntos guardacostas" cuyos intereses no son meramente lucrativos, sino que se escudan "en la falta del poder político" de su país para considerar que los pesqueros que faenan en sus aguas "les roban la riqueza, considerando el rescate como si fuera un canon o tasa de faena o de paso".
De esta forma, reitera que el 17 de noviembre de 2009, cuando fue liberado el "Alakrana" tras 47 días de secuestro, los piratas "han conseguido tener en sus manos el rescate estipulado", por lo que los documentos secretos deben ser desclasificados "por muy secretos que sean" para que sean valorados los términos en los que se llevó a cabo la negociación.
"En este sentido, razón de negociación no les falta, puesto que consiguen en casi todas las ocasiones cobrar el precio del rescate", afirma el escrito, que añade que la empresa armadora era conocedora de la situación del país y por ello le señala como responsable civil.
Asimismo, replica el escrito que el Alakrana no siguió las normas del "Manual práctico para evitar y desalentar a la piratería en el Golfo de Adén y costas de Somalia ya que los pesqueros "no pueden seguir una ruta determinada, sino que irán allí donde les conduzca la pesca", aunque no hay que olvidar que se trata de una zona de "verdadero riesgo".
Por ello, atribuye "cierta culpa" al armador del atunero, Kepa Etxebarría, que "no han tenido ninguna precaución" ante los riesgos, y estima que la nave no estaba preparada "para enfrentarse a situaciones adversas ya de antemano conocidas", de forma que pide que la empresa aseguradora del buque comparezca como responsable civil directo o subsidiario.
La responsabilidad del armador es, a juicio del letrado, "palpable, o en su caso del capitán, y por qué no, de los propios marineros, teniendo en cuenta que conocían los puertos desde los que operan los piratas", y cita como antecedente el caso del Playa de Bakio, secuestrado por piratas somalíes en abril de 2008.
Insiste además en que sus dos representados "fueron ordenados por la fuerza" y "prácticamente arrojados al mar", por lo que subraya que también son también víctimas que fueron utilizados en España "como moneda de cambio" y que actuaron bajo "miedo insuperable o, en su caso, en obediencia", conductas reflejadas en el Código Penal.
Y en el caso de "Raageggesey Adji Haman" añade que fue además víctima de un delito de lesiones al resultar herido leve por los disparos que efectuó un helicóptero de la Armada durante su arresto.
A todo ello se suma, en opinión del letrado, la situación del país somalí, donde impera "la ley del más fuerte", donde a la "desagradable" vida del hombre en tierra se unen "los vertidos tóxicos y radioactivos en sus mares" y la "sobreexplotación pesquera, cosa que practicaba y practica en cierta forma el buque 'Alakrana'".
