Las principales patronales agrarias de las provincias de Almería y Huelva han reclamado una mayor implicación por parte de las administraciones públicas para hacer frente a la situación de los asentamientos chabolistas de personas migrantes en distintos puntos de estas provincias andaluzas.
En la provincia de Huelva, desde la Interprofesional Andaluza de la Fresa y los Frutos Rojos (desde Interfresa) han defendido su compromiso con la integración de las personas que viven en los asentamientos, con derecho a una vida digna y a ser tratadas con respeto y justicia.
Desde hace años esta patronal, según ha explicado a EFE, se ha puesto a disposición de las administraciones competentes para colaborar con cualquier iniciativa gubernamental que fomente su inclusión social y laboral, al tiempo que han denunciado cualquier situación de vulnerabilidad, invisibilidad y precariedad para los residentes en estos asentamientos.
En lo que atañe concretamente a los alojamientos, han destacado que el sector cuenta para poner a disposición de los trabajadores contratados en origen (Orden Gecco) que se desplazan a Huelva desde Marruecos, Honduras o Ecuador, con 50.000 plazas, en las diferentes fincas, de las que se cubren aproximadamente 18.000, quedando el resto para otros trabajadores interesados en participar en la recogida de la fresa y otros frutos rojos durante la campaña.
Además, desde Interfresa se ha apuntado a EFE que el sector trabaja desde hace tiempo en el impulso de iniciativas para abordar la situación de los asentamientos, entre ellas la reciente propuesta de solicitud de regularización para los inmigrantes en situación de irregularidad en la provincia, lo que les permitirá conseguir un empleo digno y acceder a servicios públicos como atención médica, educación y vivienda en alquiler. "Ocuparnos del bienestar de aquellos que dejan su hogar durante los meses de recogida es nuestro deber principal", han manifestado desde Interfresa, que al igual que desde Almería ha instado a las administraciones a que presten soluciones específicas en el campo.
La interprofesional sostiene que disponer de datos que ayuden a comprender y visibilizar la realidad de los asentamientos irregulares es importante, pero que la clave está en traducir esa información en acciones concretas que resuelvan el conflicto, como el Plan de Responsabilidad Ética, Laboral y Social (Prelsi) impulsado por la entidad.
Su objetivo es la integración de trabajadores extranjeros y nacionales a través de la promoción de buenas prácticas empresariales, así como garantizar el bienestar sociolaboral y superar las barreras y desafíos a los que se enfrentan los trabajadores, especialmente los extranjeros, brindándoles apoyo en su vida laboral y personal.
Compromiso compartido por la integración
Desde Almería, el responsable de Recursos Humanos de la principal Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (Coexphal), José López Ortega, ha advertido a EFE de que la situación de estos asentamientos es "sin lugar a duda alarmante". El lugar que ocupa Almería como frontera y territorio próximo a las rutas de inmigración ilegal más relevantes de Europa convierten a esta zona de la península en uno de los principales lugares de entrada al continente de muchos inmigrantes, ha recordado.
En el caso de los asentamientos chabolistas, ha expuesto, esta provincia padece una "situación escandalosa" que "permiten" las instituciones y la sociedad en general, y en las que las condiciones de vida "no son las que debería haber en pleno siglo XXI".
Para erradicar este tipo de asentamientos y dar mejores condiciones de vida a estas personas, ha indicado, se necesita la implicación de las administraciones públicas y ofrecer a las personas afectadas diferentes opciones de habitabilidad. "Este tipo de asentamientos no se puede asociar, con carácter general, a las personas que trabajan en el sector agroalimentario", ha sostenido López, quien considera un "error" vincular a dicho sector con la imagen de los asentamientos irregulares.
Según este responsable patronal, el campo almeriense ha sido, es y seguirá ejemplo de integración de población foránea en todos los sentidos: laboral, económica y social. "Entre los residentes de estas infraviviendas hay personas que trabajan de forma irregular en algunas explotaciones. Por este motivo, nos preocupamos por la situación, tanto desde una perspectiva social como sectorial", ha explicado.
Su organización empresarial ha denunciado, solicitado y exigido desde hace años a las administraciones implicación y soluciones ante esta problemática, y ha colaborado y trabajado con asociaciones y organizaciones en la búsqueda de recursos y respuestas. "Nos encontramos ante una problemática de grandes dimensiones y el esfuerzo debe ser más grande y, sobre todo, ir siempre en una misma dirección: estamos exigiendo continuamente a las administraciones que apliquen políticas efectivas que solucionen el problema", ha recordado López, quien opina que el sector agroalimentario es "un damnificado más ante esta situación".
Aunque Coexphal ha colaborado con organizaciones no gubernamentales para abordar los desafíos asociados con la inmigración, ha insistido en que dichas entidades no pueden enfrentarse a esta situación solas y necesitan el apoyo de las administraciones públicas para conseguir resultados.
