Según informa la Policía, los imputados son sospechosos de los presuntos delitos de falsedad documental, estafa, favorecer la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores.
La investigación, conocida como operación "Llétar", comenzó cuando las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Lérida detectaron empresas con continuas altas y bajas de empleados, que aparentemente no se correspondían con una actividad real, además de deudas en las cotizaciones sociales.
Las empresas investigadas tampoco habían presentado la declaración de operaciones con terceros ante la Agencia Tributaria, o lo habían hecho por cantidades mínimas, además de que los domicilios sociales de inscripción en la Seguridad Social eran falsos y sus titulares desconocidos en las direcciones que constaban.
Las empresas aparecían registradas con actividades de construcción, servicios de limpieza, carnicería y locutorio y habían dado de alta en el régimen general de la Seguridad Social a 660 trabajadores, de los que 115 solicitaron prestaciones y/o subsidios.
De ellos, 70 percibieron prestaciones por desempleo y otros por maternidad, por un valor superior a los 500.000 euros.
La mayoría de empresas investigadas no desarrollaban actividad efectiva y el volumen de negocio del resto no se correspondía con el número de trabajadores.
Algunas de las personas llamadas a declarar reconocieron no haber trabajado y haber sido dadas de alta a cambio de entregas de dinero a los responsables de las empresas, entre 150 y 400 euros.
La operación ha sido desarrollada por agentes de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica, de la Comisaría General de la Policía Judicial, en colaboración con las brigadas de Lérida y Reus (Tarragona).
