La Escuela de Práctica Jurídica-Laboral «Rafael Martínez Emperador» del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha congregado hoy en Cádiz a expertos del ámbito laboral y social de España, juristas y profesionales, en la III Jornada Laboralista organizada con la colaboración con la Fundación Justicia Social y el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.
En el acto de apertura han participado el alcalde de Cádiz, Bruno García; el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández; el vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Juan Fernández Henares; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez Román; el coordinador provincial de los Juzgados de Cádiz; y el decano delColegio Oficial de Abogados de Cádiz, José Adolfo Baturone.
“La jornada está convocada para atender dudas de los laboralistas, abogados y graduados sociales, gracias a la presencia de un elenco de magistrados de lo Social de tribunales superiores autonómicos y del Tribunal Supremo, que exponen sus razonamientos jurídicos y la jurisprudencia que pueda haber en estos momentos en el mundo del trabajo, de una enorme complejidad. La Reforma Laboral no ha sido muy afortunada, ni en la forma ni en el tiempo que se ha hecho. Y creemos que la única manera de crear criterios propios y unificados es reunir a estos expertos”, ha destacado el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández.
En declaraciones a los periodistas ha citado temas como el despido, los periodos de prueba y las prestaciones de la Seguridad Social, como los más relevantes. Del mismo modo, “la queja unánime de los profesionales sobre la tardanza de verse en los juicios. Lo que no puede ser que tengamos juicios que se van a 2027 en esta provincia de Cádiz. Así la justicia no es justicia y nos hace sentirnos desamparados. Los profesionales, primero, y después el justiciable, las empresas y los trabajadores”, ha descrito José Blas Fernández.
Por su parte, el vicepresidente primero del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, Juan Fernández Henares, ha manifestado que “ahora mismo, lo más importante es corregir la inseguridad jurídica que tenemos. Desde la pandemia para acá estamos viendo un incesante número de normativas que se publican casi a diario y con una característica común que es la inseguridad jurídica. Y otra de las novedades que se están produciendo en los últimos años son los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Temas como el no poder despedir cuando se declara una incapacidad permanente de un trabajador, la indemnización adicional complementaria en el despido o la audiencia previa en caso de un despido, son temas que nos están llegando desde la jurisprudencia de la Unión Europea, que se están aplicando ya por algunas salas de lo Social en España y, por lo tanto, el colectivo de graduados sociales tiene que estar al día de todas esas novedades”.
“Las normas se están caracterizando con términos jurídicos indeterminados, surgen muchas dudas. Quizá la norma se publica pensando en una bonanza para empresas y trabajadores, pero luego el texto, la literalidad de la norma, causa muchas dudas. Y esas dudas terminan, o resolviéndose con oficios de la propia administración, con instrucciones de las direcciones generales o, lamentablemente, en muchas ocasiones, son los tribunales de justicia de la jurisdicción Social, a través de sus sentencias, las que tienen que clarificar esa inseguridad jurídica”, ha añadido el representante nacional de los graduados sociales.
La jornada, celebrada en el edificio Heracles de la Zona Franca de Cádiz, ha incluido cuatro ponencias destacadas. Fernando Salinas Molina, magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha abordado "La reforma del proceso social derivada del RDL 6/2023", centrándose en el pleito testigo y la extensión de efectos. La segunda ponencia sobre "La prueba electrónica", ha sido impartida por Jaume González Calvet, magistrado del TSJ de Cataluña, con un interesante debate sobre los retos y oportunidades que la digitalización presenta en los procesos judiciales. La tercera, a cargo de Carlos Javier Galán Gutiérrez, magistrado-juez del Juzgado de lo Social nº 14 de Sevilla, a abordado el tema "El despido en situación de enfermedad tras la Ley 15/2022", valiosas muestras sobre los primeros pronunciamientos judiciales en esta materia. La cuarta y última ponencia, llevada a cabo por Fernando Sicre Gilabert, doctor en Ciencias Económicas y doctor en Derecho e inspector de Trabajo, ha tratado sobre "La derogación del procedimiento de oficio contra las altas en las que se discute la existencia de la relación laboral y planes colectivos de pensiones", un tema de relevancia en la actualidad laboral.