El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, y la portavoz de la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España de la Causa de Niños Robados, Mar Soriano, comparecieron ayer en la Comisión de Justicia del Congreso.
El presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Cuesta, ha señalado que es una cuestión de suma gravedad y, aunque no todos los casos son iguales, es un atentado gravísimo contra la dignidad humana, en el que “el sistema político y jurídico imperante lo facilitó”.
La diputada socialista Carmen Juanes aseguró que se trata de unos hechos que no pueden quedar impunes, el trabajo de la Comisión no ha hecho más que comenzar y se va a luchar con las víctimas para que se haga justicia y exigir a las instituciones que se llegue al final de este asunto.
“La represión política (del franquismo) se transformó en represión moral y acabó en un tráfico de personas”, resumió.
En nombre del PP, Inmaculada Bañuls opinó que la visibilidad de las víctimas servirá para prevenir; pidió dejar al margen cualquier cuestión ideológica y reclamó que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades Su compañera Susana Camarero ha reclamado asegurar y extremar la seguridad del Registro Civil.
El diputado de CiU Jordi Jané pidió llegar al final con una acción continuada y contundente de la Fiscalía, el Registro Civil, el Ministerio de Justicia y, por parte de los grupos, cuantas medidas sean necesarias para que reluzca la verdad.
