En mayo de 2007, Odyssey Marine Exploration, con sede en Tampa (Florida, EEUU), anunció que había rescatado medio millón de monedas de oro y plata de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, hundida en 1804 en el océano Atlántico frente a las costas del Algarve (Portugal), y el Gobierno español inició la reclamación legal de todos los objetos tomados del yacimiento.
Los acontecimientos arrancan exactamente el 18 de mayo de 2007, cuando Odyssey anunció el hallazgo en aguas internacionales de medio millón de monedas de plata y oro (casi 17 toneladas), aunque se negó a facilitar la localización exacta del tesoro y la nacionalidad del buque. Tras este anuncio, el Ministerio de Cultura español alertó a la Guardia Civil, que abrió una investigación.
El 30 de mayo, el Gobierno español presentó una demanda contra Odyssey ante un tribunal federal de Tampa. El 8 de junio, la empresa Odyssey insistió en que la operación de rescate del tesoro, denominada Cisne Negro, no se desarrolló en aguas territoriales españolas.
El 6 de agosto, la empresa Odyssey presentó un informe sobre el hallazgo arqueológico ante el tribunal de Tampa, aunque sin aportar datos solicitados por el Gobierno español como la localización del yacimiento y el número de piezas extraídas.
El 19 de septiembre, el Gobierno de España solicitó al juez de Tampa que rechazara las demandas de la empresa Odyssey. El 26 de noviembre de ese año, el juez de Tampa, Mark Pizzo, pidió al Gobierno español y a la empresa Odyssey que pactaran un acuerdo de confidencialidad sobre el tesoro.
El 10 de enero de 2008, el juez ordenó a Odyssey que proporcionara al Gobierno español información detallada sobre el tesoro y el buque y le permitiera examinar los objetos extraídos. El 25 de enero, España consideró insuficiente la información de Odyssey.
El 12 de marzo de 2008, el juez dio un plazo de treinta días a Odyssey para que facilitara el nombre real del Cisne Negro, el barco del que extrajo el tesoro, al tiempo que ordenó que se considerara confidencial la información sobre los planos del lugar en el que se encuentra el barco, fotografías del lecho marino y otras imágenes.
‘Nuestra Señora de las Mercedes’
El 8 de mayo, España afirmó que el navío del caso Odyssey era el Nuestra Señora de las Mercedes, perteneciente a la Armada Española, y hundido en octubre de 1804 por los ingleses frente a las costas del Algarve. La empresa Odyssey señaló entonces que no había pruebas suficientes que demostraran la identidad del barco.
El 22 de septiembre, España presentó pruebas de que el barco del que Odyssey extrajo el tesoro es la fragata La Mercedes, y argumentó que los restos de dicho navío pertenecen a un cementerio marino y se encuentran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanía Extranjera. Al día siguiente, acusó a dicha empresa de haber excavado en el suelo marino en secreto.
El 3 de junio de 2009, el juez Mark Pizzo dictaminó que el tesoro debía ser devuelto a España, dado que el naufragio corresponde a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes y la carga está sometida a la inmunidad soberana.
El 21 de julio, la empresa Odyssey presentó sus objeciones a la entrega de tesoro a España, basadas principalmente en la naturaleza comercial de la misión que llevaba a cabo el buque. El día siguiente, el Gobierno peruano y una treintena de descendientes de los comerciantes propietarios del tesoro impugnaron la recomendación del juez Pizzo. Perú reclamaba la propiedad de las monedas y los descendientes alegaban que el buque transportaba bienes privados.
En agosto de 2009, el gobierno de Estados Unidos presentó un informe favorable a los intereses de España, y el 22 de diciembre, el juez Steven D. Marryday, del distrito federal de Tampa, ordenó a Odyssey que devolviera a España el tesoro.
En enero de 2010, Odyssey recurrió ante el Undécimo Tribunal de Apelaciones, con sede en Atlanta, fecha en la que el proceso quedó congelado hasta el 30 de noviembre de 2011, cuando el Tribunal de Atlanta desestimó el recurso de Odyssey, que anunciaba que recurriría ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El contencioso, prolongado así durante los últimos años, encontró su fin el pasado miércoles, cuando el Tribunal Supremo ordenó a Odyssey, ya de forma inapelable, que devolviera el tesoro a España.
Reacciones del Gobierno
El Gobierno español cree que la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el Caso Odyssey crea “un precedente jurídico”, en caso de que ocurriera algo similar. Así lo ha indicado esta semana el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, en unas declaraciones realizadas junto al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, tras la toma de posesión de Víctor García de la Concha como director del Instituto Cervantes. Ambos ministros han explicado que en cuanto se notifique la sentencia del Tribunal Supremo, se fletarán dos aviones hércules para transportar el tesoro, consistente principalmente en monedas, que se encuentran en 600 cubas de 25 kilos cada una. Los ministros han garantizado que el tesoro está íntegro y en buen estado de conservación, según se ha podido comprobar durante este largo trámite en inspecciones periódicas que fueron autorizadas por las instancias judiciales estadounidenses.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha asegurado que cuando lleguen a España, las monedas se pondrán en manos de especialistas para su restauración y se distribuirán entre las diferentes colecciones de los museos nacionales. Cuando se notifique la sentencia hay un plazo de diez días para repatriar las monedas a España. “Es una excelente noticia, que no nos va a sacar de pobres pero nos va a enriquecer”, ha dicho el ministro de Cultura, quien ha señalado que esas 550.000 monedas supondrán “un elemento más de tesaurización” de los museos nacionales que se van a repartir y territorializar “para que la gente las vea”.
