Dos años de cárcel para el acusado de traficar ilegalmente con ciudadanos chinos

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a dos años de prisión a S.T.T.W., un ciudadano de Taiwán acusado de traficar ilegalmente y coaccionar a ciudadanos chinos a los que ofrecía trabajo en una instalación industrial de Huelva.

La condena es fruto de un acuerdo que la acusación particular y la Fiscalía han alcanzando este jueves coincidiendo con la vista oral por el caso, en la que el acusado ha reconocido los hechos, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Concretamente se le ha impuesto la condena de privación de libertad por el delito de favorecimiento de la inmigración legal, al tiempo que deberá de pagar una multa de unos 2.200 euros por cada uno de los tres delitos de coacciones.

Además, en concepto de responsabilidad civil deberá de indemnizar con 4.000 euros a los tres ciudadanos con los que traficó, que corresponde a los sueldos del tiempo que trabajaron sin cobrar, entre el 19 de mayo y el 26 de septiembre del 2010.

Los hechos se remontan a mayo del 2010 cuando el condenado, que se encontraba establecido en España con anterioridad a la fecha de los mismos y sin antecedentes penales, explotaba dicha instalación industrial en La Palma del Condado.

En un momento determinado, en colaboración con otras personas desconocidas que no han sido enjuiciadas en esta causa, comenzó a contactar en China con diversos ciudadanos de dicho país, "prometiéndoles trabajo en España en la citada empresa, un salario mensual de 1.200 euros mensuales, así como que la compañía correría con los gastos de alojamiento y manutención".

Asimismo, les aseguraba que la empresa corría con los gastos y gestiones de desplazamiento lo que contribuía a que permanecieran en territorio nacional en "situación irregular, una vez finalizado el plazo de vigencia del visado que les fue concedido".

Convenció a tres ciudadanos chinos que comenzaron a trabajar el 19 de mayo del 2010, sin firmar contrato, ni alta en la Seguridad Social y tras cinco meses en dichas condiciones los perjudicados le reclamaron el pago del dinero que les adeudaba y la devolución de sus pasaportes negándose a ello hasta el 26 de septiembre, sin retribuirles lo trabajado.