El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, volvió a insistir ayer en el Parlamento andaluz que la denuncia interpuesta por funcionarios del departamento de Minas de Huelva contra su jefe de Servicio y que se dirige también contra la actual directora general de Minas se debe a “discrepancias técnicas” en el procedimiento de tramitación de un permiso de puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas por parte de Minas de Aguas Teñidas (Matsa).
Tras ser preguntado por el PP sobre las presuntas presiones de los altos cargos en la tramitación del proyecto de Matsa en Sotiel que han derivado en una querella por prevaricación contra Tomás Fernández Nuviala (jefe de Servicio) y María José Asensio (entonces delegada provincial y actual directora general de Industria, Energía y Minas, Ávila aseguró que “se trata de una discrepancia sobre la que determinados funcionarios han decidido, en el uso del derecho que les ampara, denunciar ante la Administración de justicia, que será la que se pronuncie”, apuntando que el Gobierno andaluz siempre defiende “el estricto cumplimiento de la ley”.
Asimismo, incidía en que la Junta va a apoyar proyectos que sean “sostenibles” desde una perspectiva económica, social y medioambiental.
