Los impagos de la Generalitat de Cataluña este mes de julio a las residencias concertadas y colaboradoras asciende a 28 millones de euros, según han avanzado a Europa Press fuentes de la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad).
Concretamente, el Gobierno catalán ha dejado de abonar los 1.200 euros de media que les corresponden mensualmente a un total de 23.388 dependientes catalanes que se encuentran en residencias, la mayoría de ellos reconocidos con grados severos de dependencia, según los últimos datos de los que dispone Ascad correspondientes a diciembre.
El precio medio de una plaza residencial es de 1.750 euros, aunque unos 500 son abonados por el propio usuario en concepto de copago, siendo el resto sufragado por la Generalitat y el Estado.
Esta forma de pago viene establecida por la Ley de dependencia, que se basa en valorar a los usuarios y elaborar un plan de atención individualizado en función de cada caso, por lo que los conciertos que este mes no se han pagado corresponden a dependientes reconocidos.
Aún así, la atención a los usuarios está garantizada, siempre y cuando la Generalitat abone los pagos de agosto, tal y como se ha comprometido.
En este sentido, aunque Ascad se planteó inicialmente pedir a algunos familiares que se hicieran cargo de los dependientes en sus domicilios debido a los impagos, ha garantizado el cuidado y la atención a todos ellos en las residencias.
Fuentes de la Consejería de Economía de la Generalitat no ha revelado la cantidad adeudada con las entidades sociales, si bien han asegurado que está trabajando "muy duro" para conseguir normalizar los pagos.
