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Huelva

Cartaya asegura que "no acepta amenazas" en relación a una segregación "legal"

Considera que el abandono de MAS es un procedimiento "ajustado a la legalidad"

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El Ayuntamiento de Cartaya ha asegurado que "no aceptará amenazas ni chantajes" de la dirección de Mancomunidad de Servicios de Huelva (MAS) por su decisión de abandonar la entidad, ya que considera que el procedimiento iniciado es "absolutamente legítimo y ajustado a la legalidad".

A través de un comunicado, el alcalde de Cartaya, Juan Polo, ha respondido al comunicado de MAS y su empresa pública Giahsa en el que advierte de la puesta en marcha de una amplia batería de iniciativas jurídicas contra los ayuntamientos que abandonen la Mancomunidad.

Polo ha asegurado al respecto que "el Ayuntamiento de Cartaya no aceptará amenazas ni chantajes de la dirección de MAS" y ha recordado que el procedimiento se ha iniciado "precisamente por los incumplimientos de la Mancomunidad, que no cumple los compromisos de pago alcanzados con los ayuntamientos".


El primer edil cartayero considera "inaudito y sorprendente que una empresa pública amenace con responsabilidades penales a funcionarios y alcaldes que, en representación de sus ciudadanos, son los verdaderos responsables de la misma, porque son los ayuntamientos los que realmente la constituyen y le dan forma jurídica".

En este sentido habla incluso de "coacción clara contra la libertad de los funcionarios públicos", procedente además "de una mancomunidad en cuya cúpula directiva hay tres imputados, y que, a pesar de ello, se atreven a dar lecciones de legalidad".

El alcalde cartayero asegura que el Consistorio seguirá adelante con el procedimiento para abandonar la MAS "aunque tengamos que ir a los tribunales para defender un recibo del agua más barato y más justo".

Además, Polo asegura que "el Ayuntamiento de Cartaya no colaborará con una empresa cuya gestión financiera deja mucho que desear, con una deuda cada vez más importante, que se revierte en el recibo que abonan los ciudadanos, para mantener los sueldos millonarios de su cúpula directiva político-técnica".

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