La comisión ejecutiva de la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, tiene previsto celebrar este lunes una reunión para aprobar la modificación de los reglamentos de prestación de servicios y de régimen interior, relativa a la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, según ha anunciado recientemente el sexto teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidente de esta empresa mixta, Gregorio Serrano (PP). Esta medida, como es sabido, afectara a un centenar de los 198 miembros de la plantilla.
Gregorio Serrano ha informado de que será este lunes cuando, previsiblemente, la comisión ejecutiva de Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento y Mercasa, "apruebe o tome conocimiento" de la modificación de los reglamentos de prestación de servicios y de régimen interior acordada previamente para liberalizar los servicios ajenos al interés público o las necesidades comunes. Después, esta modificación será elevada al consejo de administración, a la junta general de accionistas de Mercasevilla y al propio pleno del Consistorio hispalense, dentro del preceptivo sendero administrativo.
Rafael Domínguez (CCOO), presidente del comité de empresa de Mercasevilla, ha manifestado ya a Europa Press que los acuerdos de esta sesión de la comisión ejecutiva serán "impugnados jurídicamente", dado que el comité de empresa se opone a la liberalización de los servicios de la lonja.
EL CONFLICTO DE LOS SERVICIOS. LA QUEJA DE LOS MAYORISTAS
Las decisiones de la comisión ejecutiva parten de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos de Sevilla grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
En el escrito elevado a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el gremio de mayoristas de pescado de Mercasevilla advertía de que la sociedad mixta, y el Ayuntamiento como accionista mayoritario, "violan" cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea a cuenta del cobro de estos servicios impuestos por el mercado central de abastos.
POSIBLE "INCOMPATIBILIDAD"
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
Así, y merced a los "requerimientos" derivados del expediente incoado por la Comisión Europea, el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico titulado "La prestación de servicios en Mercasevilla". Este informe, recogido por Europa Press, concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados".
