El grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla considera “insuficientes” las medidas de actuación adoptadas por el Consistorio en materia de desahucios, que se limitan al parque de viviendas de la empresa municipal (Emvisesa), y ayer anunció que presentará una moción en el próximo Pleno con una completa red de propuestas para frenar estos desahucios y ayudar a las familias afectadas, entre las que destacan la de presionar a las entidades bancarias que los realizan mediante la retirada de los depósitos municipales de estos bancos, así como que la Policía Local no colabore en estos procesos de desalojo.
Según el portavoz de los socialistas sevillanos, Juan Espadas, en esta moción, la tercera que presenta su grupo en materia de vivienda, se planteará la creación de una oficina de asesoramiento para estos casos, así como una comisión sectorial con entidades sociales para analizar los casos ya producidos y los pendientes y la elaboración de un plan de alquiler asequible en vivienda privadas o de los bancos, que sea gestionado por la propia Emvisesa.
Además, y después de asegurar que la paralización de desahucios por parte de Emvisesa es insuficiente (sólo suponen el uno por ciento de los casos), Espadas recordó que Zoido ya rechazó en un Pleno la oficina de asesoramiento que ahora promueve. “Dos semanas después la promueve, después de una reunión estatal. Bienvenida sea la caída del caballo”, dijo.
“O se hace algo ya o a algunos nos dará vergüenza salir a pasear por la ciudad, eso sí, magníficamente iluminada. Si fuera consejero de Vivienda o alcalde de Sevilla llevaría meses sentándome con las entidades financieras intentando resolver la situación. No entiendo ese miedo, miedo que no existe con los patrocinios”, finalizó.
Petición del PP a la Junta
Por otro lado, y referente también a los desahucios, la delegada territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla, Granada Santos, reclamó ayer “rigor y seriedad” al Grupo Popular, indicando que es “insólito” que solicite a la Junta dos medidas que “ya existen”, como es la paralización de los desahucios en el parque público.
Piden una aclaración oficial por la detención de la periodista
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) respalda a la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) en su petición, junto al Sindicato de Periodistas de Andalucía, de una “reunión urgente” con la delegada del Gobierno sevillana para aclarar lo sucedido y pedir explicaciones por la detención de Ana García, operadora de cámara de la Sexta, mientras grababa para su canal la protestas por los desahucios del pasado sábado en la Alameda. La presidenta de la FAPE, Elsa González, estuvo en contacto con el Ministerio del Interior para solicitar la puesta en libertad de la profesional.
A la espera de lo que resuelva la Justicia, la FAPE y la APS consideran que “se ha vulnerado de una manera inaceptable y peligrosa el libre ejercicio de la profesión periodística y el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz” y demandan a la juez que “devuelva lo antes posible la cámara y su contenido con el trabajo profesional realizado por García.
Por otro lado, un nutrido grupo de profesionales de la información y personas en desacuerdo con lo sucedido se concentraron ayer por la noche a las puertas de los juzgados para pedir la retirada de los cargos a Ana García.
Se “alteró” el recorrido de la protesta
La subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, pidió ayer que “se deje trabajar a la Justicia para determinar responsabilidades en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el pasado sábado”, durante la ocupación ilegal de un inmueble en la calle Lumberas, que derivó en una polémica intervención policial con cinco detenidos y ocho policías lesionados, con la imputación a los detenidos de presuntos delitos de ocupación ilegal, atentado, desobediencia, lesiones y daños.
Felisa Panadero explicó que la Policía intervino “después de que un grupo de manifestantes alterara el recorrido autorizado” para una manifestación del movimiento 15M y se dirigiera a la calle Lumbreras, donde se estaba produciendo la ocupación ilegal de un inmueble cuyo propietario, por otra parte, “había pedido ayuda de la Policía”. Respecto a la detención de la operadora de cámara, la subdelegada reiteró que “según la versión policial, en ningún momento pudo identificarse como tal y tampoco llegó a mostrar su documento de identidad en el lugar de los hechos, lo que igualmente aconseja esperar a que la Justicia clarifique los incidentes acaecidos, salvaguardando el derecho a la presunción de inocencia de ella y del resto de los detenidos”.
Por su parte, ante la exigencia de IU y del PSOE de explicaciones oficiales, la delegada de Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo coincidió con Panadero en que “hay que dejar trabajar a la Justicia”.
