El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia de un padre que pretendía procesar a un juez, ocho guardias civiles, un forense y dos diputados autonómicos andaluces por la muerte de su hijo en un accidente de tráfico.
Felipe C.M. falleció a las 22.30 horas del 13 de diciembre de 2002 en la autovía Sevilla-Cádiz en un choque múltiple de cinco coches, en un accidente que la Guardia Civil atribuyó a una distracción del fallecido, cuyo vehículo chocó contra la valla de protección, quedó volcado en la calzada e impidió la libre circulación de otros coches, cuyos ocupantes también resultaron heridos.
El padre, Pedro C.G., interpuso sucesivas denuncias, la última de ellas archivada ahora por el Tribunal Supremo, basándose en que las llaves del coche de su hijo no estaban puestas y la puerta izquierda arrancada, de donde dedujo que sobrevivió al primer choque, salió del turismo y fue arrollado.
Entre otros, el padre denunció por prevaricación al juez de Lebrija (Sevilla) que instruyó la causa, por falsedad al forense que certificó la hora de fallecimiento, a los servicios de emergencias del 061 y del SAMU por la tardanza en llegar al lugar, a los centros de salud de las localidades sevillanas de Utrera y Las Cabezas por obstrucción a la justicia y a ocho guardias civiles que elaboraron diferentes informes, a los que acusó de falsedad en documento oficial y falso testimonio.
Además denunció a los conductores de los otros cuatro vehículos, a quienes imputó un presunto homicidio, y al diputado andaluz por el PP José Luis Sanz, actual secretario regional del partido, de quien aseguró que pasó por el lugar pero no se detuvo, y a su compañero de partido José Torrente García por amenazas.
La denuncia se extendió a un capataz de la autopista, a quien imputó falso testimonio en causa judicial.
Al ser aforados, la denuncia contra los dos diputados del PP correspondió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que la archivó en noviembre de 2009, y ahora el Tribunal Supremo confirma la decisión del juzgado de instrucción 1 de Lebrija y de la Audiencia de Sevilla de no imputar al juez que investigó el accidente, el forense, los guardias civiles y los servicios sanitarios.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el Supremo se basa en una cuestión formal ya que el juez de Lebrija archivó la denuncia sin llegar a imputar a nadie, por lo que falta "una resolución judicial equivalente al auto de procesamiento que recoja una imputación fáctica y jurídica contra una persona o personas determinadas", según exige la jurisprudencia.
No hubo vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías en la decisión judicial de no seguir investigando los hechos, añade el TS.
La Audiencia de Sevilla dictaminó que el derecho a la tutela judicial "no supone un derecho incondicionado a la apertura y sustanciación de un proceso penal, sino solo a un pronunciamiento motivado del juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando, en su caso las razones por las que no admite su tramitación".
La sentencia firme sobre el accidente determinó que el fallecido no fue arrollado, por lo que la Audiencia dijo que, después de tres procesos judiciales, "los hechos denunciados coinciden con los ya resueltos o no consta que sean constitutivos de infracción penal" y tampoco apreció "la menor actuación negligente" en los veinte minutos que los servicios sanitarios tardaron en llegar al lugar.
El juzgado de Lebrija, cuyo auto de archivo ha sido confirmado por el Supremo, aseguró que la denuncia del padre se basó en "especulaciones inciertas, sin apoyo probatorio serio y objetivo".
