El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ve a la Infanta Cristina cooperadora necesaria en los delitos que su marido presuntamente cometió al frente del Instituto Nóos, de forma que sin la presencia de la hija del Rey Don Juan Carlos en la entidad así como sin "el aparente y consensuado refuerzo de la Casa Real", el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres no habrían podido obtener los fondos de las Administraciones públicas que supuestamente desviaron.
Se trata de una figura jurídica, la del cooperador necesario, que conllevaría las mismas penas que las aparejadas a las infracciones penales en las que habría incurrido su marido. De hecho, el Código Penal, en su artículo 28, considera autor del hecho criminal no sólo a quienes cometen el delito por sí solos, sino también a quienes cooperan en su ejecución mediante una actuación sin la cual no habría sido cometido.
Así, en el auto dictado este miércoles mediante el que ha acordado la imputación de la hija del Rey Don Juan Carlos, el magistrado asevera que la actuación de la Infanta podría ser calificada como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos por el Duque, o "cuando menos" de complicidad.
En la resolución, el juez se muestra tajante al aseverar cómo la mujer de Urdangarin y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga -también imputado-, prestaron su consentimiento para que su parentesco con la Casa Real fuera utilizado por Urdangarin y por Torres "a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como privilegiado de las Administraciones Públicas".
En atención a ello, incide, se prescindía de los cauces y controles administrativos "que eran de rigor", afirma, disfrutando [la Infanta] junto a su marido de los beneficios obtenidos".
