El juzgado de lo penal número 3 de Cádiz ha dado cumplimiento a la sentencia que dictó en el año 2007 contra José Antonio Santiago, que obligaba a la demolición de una vivienda de 100 metros construida en suelo urbanizable programado, destinado a espacios libres en el PGOU sanluqueño.
El afectado, quien fue además multado y condenado a seis meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, recibió este jueves la comunicación por parte del juzgado de la fecha tope para la demolición, ejecutada subsidiariamente y a costa del penado.
Después de varios años apelando a diversas instancias para evitar el derribo, no había marcha atrás. El juzgado había requerido en varias ocasiones auxilio judicial al Ayuntamiento de Sanlúcar para llevar a cabo el derribo de la vivienda, siendo éste el encargado de contratar la empresa encargada de la demolición. En el caso de no llevarla a cabo, teniendo como fecha tope este mismo sábado, el juez advertía a los responsables municipales de Urbanismo que incurrirían en un delito de desobediencia, tal y como lo destacó el magistrado en su último requerimiento judicial en el que exigía el cumplimiento “por última vez” de la sentencia de derribo de la vivienda que había sido dictada en 2007.
El caso fue denunciado en el año 2005 por el anterior gerente de Urbanismo, Alfonso Rodríguez a la Fiscalía, tramitándose esta denuncia por vía penal durante el mandato del anterior equipo de Gobierno del PP. Se da la circunstancia de que además, la propietaria de la vivienda es hermana de Manuel Ramírez, conocido popularmente como ‘Cunete’, quien denunció el Caso Sanlúcar y quien ayer señaló que el derribo de la casa se debía a “cuestiones políticas”, si bien en este período él mismo seguía perteneciendo a las filas del Partido Popular, quien gobernó en Sanlúcar hasta el año 2007, año en el que ya se emitió sentencia firme de demolición. Además, el caso coincide con un cambio de criterio de la Fiscalía a raíz de una sentencia del Supremo en la que se añade en la condena por un delito contra la ordenación del territorio, la demolición de la vivienda.
Pese a todo, el propietario apelaba a última hora a la celebración de un Pleno municipal en el que las fuerzas políticas acordaran una modificación del PGOU para evitar el derribo. Sin embargo, desde el Consistorio enumeraron las reuniones mantenidas con el penado y el juez de cara a “agotar todas las vías de mediación posibles”, señalando que “todas las argumentaciones presentadas no han alterado el procedimiento judicial”.
El último requerimiento judicial motivó nuevas reuniones entre los afectados y los responsables de Urbanismo, señalando el propietario su voluntad de llevar a cabo la demolición ya que las consecuencias económicas para la administración serían aún más perjudiciales para él y su familia, según ha explicado el Consistorio en un comunicado, en el que además señala que José Antonio Santiago les comunicó su intención de entrevistarse personalmente con el juez la semana pasada, hecho que finalmente no ha sucedido. Es más, a una solicitud del propietario, esta misma semana, en la que pedía derribar la vivienda por sus propios medios, el Consistorio respondió que no tenía competencia al respecto, pese a lo que dio traslado al juzgado que el jueves mismo volvió a instar al derribo de la vivienda cumpliendo el plazo señalado en el último requerimiento.
Pese a todo, la esperanza de José Antonio y su esposa por evitar la demolición de la vivienda se mantuvo hasta última hora, pero la llegada de cada vez más efectivos policiales a la vivienda, ubicada en la calle Marqués de Santillana, fue minando los ánimos del centenar de personas que se congregaron para respaldar a la familia.
TENSO DESALOJO
La casa fue ocupada por familiares y amigos de la familia afectada, el matrimonio y dos niñas, a los que también se unieron miembros de la Plataforma Antidesahucios de Chiclana.
Hasta en dos ocasiones se produjeron cargas policiales para contener a un grupo de jóvenes que armados con piedras llegaron incluso a herir a un cámara de televisión y a un agente de antidisturbios. Los insultos a las fuerzas de seguridad se mantuvieron durante varias horas, hasta que finalmente y tras llegar los refuerzos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno, la casa pudo ser desalojada. En el interior de la casa, José Antonio y su esposa recogían sus enseres y los cargaban en varios coches. A la salida de la vivienda, el propietario mostraba su disconformidad. “Mirad todas estas casas, todas se han construido igual, ¿por qué debo yo tirar la mía y ellos no?”, se preguntaba.
En apenas unas horas, las propiedades de la familia -que han trasladado a casa de un familiar- fueron retiradas por personal del Ayuntamiento en espera de la intervención de la empresa encargada de la demolición que, pese a su reticencia inicial, llevó a cabo el derribo.
