Los vecinos de arrendatarios de viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra situada en el Polígono Aeropuerto, concretamente en el entorno de la calle Profesor Faustino Gutiérrez Alviz y Armario, ha remitido una carta al alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, como responsable de la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, la convocatoria de un consejo de administración en el que se apruebe una rebaja en sus alquileres ante la "insostenible situación" de las familias. Así, piden una reducción lineal del 50 por ciento de la renta establecida para todas las tipologías de viviendas, "al menos en el momento de la opción a compra prevista".
Este escrito ha sido remitido también a la oposición para que interceda en su caso, algo ante lo que desde el PSOE ya han mostrado su apoyo, mientras que IU ha anunciado que llevará al Pleno una moción en esta línea.
Así, en la carta, recogida por Europa Press, los vecinos piden adaptar su "compromiso a las difíciles circunstancias actuales" para poder seguir pagando el alquiler y que Emvisesa "pueda efectivamente cobrarla", aclarando que no solicitan una moratoria, sino una renta "asequible".
De este modo, esgrimen como justificaciones la "temporalidad y precariedad" en el trabajo, la evolución de los salarios, la tasa de paro y el tanto por ciento de los sueldos empleados en el alquiler. "Entendemos que en momentos de emergencia social como el actual, Emvisesa no debería mantener precios propios de época de bonanza, porque con ello no se facilita el acceso a una vivienda digna y adecuada aplicando criterios de rentabilidad social, fuera de las reglas del mercado", recalca.
Tras valorar el "esfuerzo" de Emvisesa facilitando fórmulas de pago flexibles, asegura que no es una solución porque hay quien "no puede abonar cada mes la actual renta, por lo que difícilmente está en condiciones de añadir atrasos". Recuerda igualmente que un informe de la citada empresa municipal apuntaba que "de cada 100 familias que accede a las promociones unas 30 salen por razones económicas".
Además de instar a la reducción del 50 por ciento, las familias se comprometen a aceptar un plan de pago flexible de deudas contraídas por las familias, dirigido a liquidarlas en un periodo de tiempo determinado, así como el establecimiento de un sistema de seguimiento y control de la evolución de las citadas deudas, "que contenta elementos disuasorios". "El incumplimiento de dicho plan podría, en última instancia y agotados todos los recursos, contemplar la rescisión del contrato", sentencia.
