El exalcalde de Otura (Granada) el 'popular' Ignacio Fernández-Sanz declarará previsiblemente este martes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Fe (Granada) tras haber sido citado como imputado en el caso que investiga sobre la posible falsedad de unas facturas presentadas por el Ayuntamiento de la localidad para el plan de pago a proveedores del Gobierno, unas supuestas irregularidades que fueron denunciadas por seis de los ocho concejales del equipo de gobierno, del PP, y que derivaron en la dimisión del entonces primer edil.
Junto a Fernández-Sanz, el mismo día, también tendrán que comparecer como imputados el que fuera edil de Urbanismo, Ignacio Pérez, una extrabajadora municipal, y tres administradores de empresas, según han informado a Europa Press fuentes judiciales. La juez investiga en este caso la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad con fines de defraudación.
Recientemente trascendió un informe de la Guardia Civil que concluyó que un total de seis facturas de tres empresas, por valor de 175.061 euros, pueden ser ficticias, ya que se alteró supuestamente el registro para otorgarles "apariencia de legalidad", cuando, en su mayoría, obedecen a trabajos que "no fueron realizados".
El caso recayó en un principio en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que, al comprobar que se circunscribían al municipio de Otura, se inhibió a favor del juzgado de Santa Fe, aceptó el asunto abriendo diligencias de investigación penal el pasado 14 de noviembre.
La denuncia de los concejales del PP llevó aparejada una serie de discrepancias con Fernández-Sanz, que finalmente anunció su dimisión aunque aludiendo a motivos de salud, después de que todo su equipo de gobierno decidiera abandonar sus responsabilidades municipales.
En el documento que presentaron en los juzgados sus seis concejales, entre los que se encontraba el entonces edil de Economía y Hacienda y ahora alcalde, Pedro Cabanillas, relataban que el Ayuntamiento abonó 178.000 euros a tres empresas con cargo a la segunda fase del plan que puso en marcha el Gobierno para el pago a proveedores supuestamente falsificadas o duplicadas.
