La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha decretado, a petición de la Fiscalía, prisión provisional comunicada sin fianza para el exconsejero de Comercio, Industria y Energía del Gobierno balear de Jaume Matas, Josep Juan Cardona, por riesgo de fuga después de que este lunes fuera condenado a 16 años de prisión por el desvío de más de cinco millones de euros públicos a través del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB).
Así lo ha decidido la Audiencia, a petición de los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau en la vistilla celebrada este mediodía en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, de forma que el tribunal ha decidido agravar las medidas cautelares contra Cardona, mientras que, por su parte, la defensa del exconsejero se ha opuesto a esta petición.
El exalto cargo del PP se encuentra en los Juzgados de Ibiza, a la espera de ser conducido a prisión, después de que fuera citado a las 12.30 horas para asistir a la vista a través de videoconferencia. Cardona se enfrenta a la pena más elevada impuesta para un político en Baleares y a una de las más altas en todo el país.
Cabe recordar que la Audiencia ya acordó el pasado mes de mayo, a petición de la Fiscalía, retirar el pasaporte al exconsejero así como su personación en dependencias de la Guardia Civil el día 1 de cada mes, prohibiéndole además salir del territorio nacional sin previa autorización judicial, al considerar que sobre él pesan indicios suficientes de criminalidad que pueden conllevar un elevado riesgo de fuga.
Sobre el condenado, para quien la Fiscalía solicitaba hasta 21 años de prisión, pesan un delito de asociación ilícito (tres años de cárcel), un ilícito continuado de malversación en concurso con prevaricación, falsedad en documento oficial por funcionario, falsedad en documento mercantil y fraude a la administración (siete años y medio) y un delito continuado de cohecho (cinco años y medio). Además, ha sido condenado a treinta años y diez meses de inhabilitación.
Así, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, desmonta en la sentencia de este lunes los argumentos esgrimidos durante el juicio por el acusado al recalcar que "no sólo no desconocía lo que acontecía en el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), sino que ordenaba y ejercía activamente un control sobre todo lo que se hacía".
Así lo pone de manifiesto en su sentencia, de 639 páginas, en la que la Sala asevera no poder dar "credibilidad alguna" al exalto cargo del PP cuando alega un "absoluto desconocimiento" sobre lo que sucedía en el CDEIB, que él presidía. Un desconocimiento que, según el tribunal, "sería bastante difícil de creer en atención al volumen de contratación, de fondos que se manejaban y a la repetición de contratos con las mismas empresas", expone la resolución entre otros motivos.
Y es que, según el tribunal, tanto Cardona como el exdirector general de Promoción Industrial del Govern, Kurt Viaene, y la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -ambos han confesado los hechos y han pactado sus penas-, "de común acuerdo, valiéndose de sus respectivos cargos" y guiados por el "ánimo de obtener beneficio económico", idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron una serie de actuaciones dirigidas a apoderarse de "ingentes" cantidades de dinero público del que tenían poder de disposición.
Una trama que se desarrolló a lo largo de cuatro años, de 2003 a 2007, durante los cuales se aprovecharon de la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros efectivos sobre su gestión, y que "ellos mismos contribuyeron a mantener".
Así, la Sala relata que para lograr tal finalidad de lucro personal, el primer paso fue la elección del CDEIB como organismo a través del cual podía desarrollarse la actividad que les permitiría desviar los fondos, por ser un organismo en el que concurrían "las condiciones ideales para desarrollar la actividad delictiva": la ausencia de controles, la actividad del Consorcio de asistencia a ferias y eventos y encargo de estudios e informes, y la posición de los acusados en esta empresa pública.
A partir de ahí, los exaltos cargos establecieron una estructura de control en la que Cardona "ostentaría la posición de líder o jefe-director de la misma" al fijar las "líneas maestras" del funcionamiento del entramado, impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados (Viaene y Ordinas), y dada su posición como consejero, "cuidando de nutrir económicamente al CDEIB" mediante el traspaso continuo de fondos públicos desde la propia Consejería de Comercio o bien desde el Instituto de Innovación Empresarial (IDI).
En el escalón inmediatamente inferior, como mano derecha de Cardona, según la sentencia, se hallaba Viaene, encargado de transmitir y ejecutar las órdenes del anterior con funciones asignadas como la de dar cobertura legal a los traspasos de fondos públicos al CDEIB desde la Consejería de Comercio y desde el IDI; establecer los estudios que el CDEIB debía contratar; exigir a los proveedores el pago de la comisión por la adjudicación de contratos, o recibir los fondos sustraídos y las comisiones y repartirlos.
Por su parte, Ordinas se encargaba de la organización de ferias y eventos, así como de la elección de los proveedores; la manipulación y alteración de los procedimientos administrativos del CDEIB; el control de los proveedores; de exigir a los mismos el pago de una comisión por su contratación, y controlar la creación de participaciones de las empresas utilizadas para recibir los fondos públicos del CDEIB.
Mientras tanto, otros tres de los acusados que han sido condenados en el marco del caso Scala, el exdirector general de Promoción Industrial del Gobierno balear Kurt Viaene -cinco años y cinco meses de prisión-, la exgerente del CDEIB Antònia Ordinas -cuatro años y dos meses- y el empresario y exconcejal de Lloseta Felipe Ferré -tres años y nueve meses-, han comunicado que no recurrirán la sentencia (debido a que pactaron las penas) y que, por tanto, prevén ingresar en los próximos días en el centro penitenciario de Palma.
"SAQUEO SISTEMÁTICO" DEL CDEIB
Ya en sus alegatos finales durante la vista oral, el fiscal Pedro Horrach subrayó que el "saqueo sistemático" y el uso de la Administración "para intereses bastardos debe de ser una enfermedad muy contagiosa, dado que la padecen todos los acusados de este caso". Y en el epicentro de esta causa, el exconsejero de Comercio, al que el fiscal se refirió como "el jefe de la banda", con "indicios múltiples y variados que conducen a concluir que era el líder de una trama dirigida a saquear las arcas públicas".
En una contundente intervención ante el tribunal, Horrach aludió al "historial político" de Cardona, desplegando los numerosos indicios incriminatorios que pesan sobre él, y recalcando cómo lideró el funcionamiento del grupo delictivo y participó en la manipulación de los procedimientos administrativos. "Yo tardé dos segundos en conocer estas reglas básicas de este tipo de procedimientos, ¿y él no las conocía?", espetó al respecto.
Horrach ya se mostró con dureza en su interrogatorio al exconsejero, al aseverar en uno de los momentos de la comparecencia, dirigiéndose al acusado, que "no le voy a decir cuántos casos llevo, pero me los miro todos", después de que el inculpado aseverase que no podía controlar todas las contrataciones que se llevaban a cabo a través del Consorcio que él presidía.
