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Sevilla

IU última las protestas contra la reforma local y pide subir a 67 millones el fondo de anticipos

Los diputados provinciales de Izquierda Unida, junto a su coordinador provincial, Manuel Gutiérrez Arregui y los alcaldes de los 16 municipios en los que gobierna la federación han anunciado el desarrollo de movilizaciones para protestar por la reforma local emprendida por el Gobierno

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Los diputados provinciales de IU, junto a su coordinador provincial, Manuel Gutiérrez Arregui, así como los alcaldes de los 16 municipios en los que gobierna la federación de izquierdas han anunciado este martes el desarrollo de movilizaciones, principalmente de información a los ciudadanos, para protestar por la reforma local emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que supone un "ataque frontal tanto a la autonomía de los pueblos, como a su historia". Así, han estado presentes los primeros ediles de La Roda de Andalucía, El Saucejo, Santiponce, Montellano, Carrión de los Céspedes, Pedrera, Aznalcóllar, la Puebla de Cazalla o Arahal, entre otros, excepto el primer edil de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que ha estado representado por un teniente alcalde palaciego.

   En este marco, han pedido una mayor implicación al respecto del presidente de la Diputación sevillana, Fernando Rodríguez Villalobos, a quien han propuesto además que la nueva edición del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables (FEAR) para los municipios, dotada con siete millones, se eleve hasta los 67 millones, al sumarle los 60 millones que IU asegura que existen de remanente de las cuentas de 2012, una cuantía que se devolvería en 25 años, en vez de los cuatro establecidos ahora.

   Así, el portavoz de IU en la Diputación, Manuel Rodríguez, ha anunciado que llevará al próximo Pleno provincial una propuesta para que el remanente de libre disposición se transfiera a los pueblos "duplicando los planes de inversiones para paliar el paro, especialmente en los pueblos pequeños". Se muestra consciente de que el Gobierno central, como consecuencia de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, "impide que se realicen inversiones, priorizando el pagar las deudas a los bancos o a los proveedores", pero deja claro que "una cosa es la ley y otra la justicia".

   Rodríguez advierte de que por esta ley "no se pueden realizar inversiones, pero sí prestamos", por lo que plantea ampliar el FEAR y una reducción de lo que el Opaef cobra a los municipios por recaudarles los impuestos y tasas del cuatro al dos por ciento. También, apuesta por rebajar las tasas por los servicios prestados.

   En esa línea, Arregui ha calificado como una "barbaridad" que la Diputación tenga "60 millones" teniendo en cuenta la "situación límite" que asegura que vive la provincia. "Es un insulto que una entidad como el Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef) tenga ocho o nueve millones de superávit, mientras que la Diputación suma un remanente de tesorería de 116 millones en diferentes cuentas bancarias a plazo fijo", añade.

   "Cuando la ley es tan injusta, es de legítimo derecho saltarla", sentencia Rodríguez, tras indicar que estas iniciativas, junto a las propuestas de movilizaciones se llevarán serán presentadas el día 27 de septiembre en Córdoba en un encuentro donde se darán cita alcaldes y diputados de IU de toda Andalucía.

   También, Arregui ha explicado que durante este encuentro entre alcaldes y cargos de la federación de izquierdas se ha analizado la situación de los municipios y la reforma local, "un ataque frontal a la autonomía de los pueblos y a su historia". "Había una demanda clara por parte de los municipios del desarrollo una ley de financiación local y de definición de las competencias de forma clara, pero 35 años después nos encontramos con un ataque", sentencia.

   Ante esta situación, anuncia una campaña de movilización de la mano de los vecinos, a quienes informarán sobre las consecuencias directas de la reforma local de Rajoy sobre los servicios públicos, el empleo y los derechos básicos de la ciudadanía. Considera esta reforma además un "fraude electoral", advirtiendo de que el PP "nunca advirtió de que su acción pasara por la privatización de los servicios".

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