Las dos imputadas del entorno del empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña que han prestado declaración este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz, que instruye el 'caso Bahía Competitiva', han asegurado ante su titular, la juez Lourdes del Río, que era éste el que se encargaba de las labores decisorias.
Según han indicado a Europa Press fuentes del caso, Marina Rivada era administrativa del entorno de empresas de Dávila Ouviña --uno de los principales encausados por el presunto fraude en las ayudas a la reindustrialización gestionadas a través del Plan Bahía Competitiva-- y ha venido a decir que lo que hacía eran labores de administración y lo que "le encargaba Ouviña".
Por su parte, María Victoria Barreira era apoderada del empresario gallego en una empresa de El Puerto de Santa María y, según las citadas fuentes, éste le propuso estar como apoderada en otras sociedades para poder subir a la plataforma los expedientes de subvención, pues el programa requería de firma electrónica y, por tanto, que fuera apoderada para poder solicitar las ayudas.
Ha señalado que era Dávila Ouviña quien se encargaba del "papeleo directo" y a quien correspondían las labores decisorias y que ella lo que hacía era recepcionarlo y subirlo a la citada plataforma.
La instrucción continúa el próximo jueves con la declaración como testigos de cuatro cargos de la Junta de Andalucía. Se trata de Angelines Ortiz, actual directora de Economía Social de la Junta y exdelegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz; el exdelegado provincial de Agricultura y Pesca en Cádiz Juan Antonio Blanco; el director de Infraestructuras y Espacios Productivos de la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Sánchez, y el secretario general de IDEA, Francisco José Morillo.
