La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense ha convocado para el martes de la semana que viene, a las 12,30 horas, una reunión de la comisión de seguimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 con un orden del día en el que figura, en quinto lugar, el convenio firmado entre el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), y el consejero delegado de la multinacional tabaquera Altadis, Juan Arrizabalaga, para que la antigua planta de esta empresa que deslocalizó hace años su producción acoja usos públicos y sociales y aprovechamientos terciarios.
La convocatoria, recogida por Europa Press, comienza por la aprobación del acta correspondiente a la sesión anterior, celebrada el 15 de marzo de 2013, y contempla en su quinto punto del orden del día el mencionado convenio firmado entre el Ayuntamiento hispalense y Altadis, según el cual 15.585 metros cuadrados de la parcela de la antigua fábrica, ubicada en la calle Juan Sebastián Elcano, en Los Remedios, serían cedidos al Consistorio con destino a equipamientos públicos, mientras 'Altadis' contaría con 8.176 metros cuadrados que espera vender para su aprovechamiento en materia de usos terciarios. Dado que el vigente Plan General de Ordenación Urbana cataloga la finca como suelo industrial, toda la operación requiere obviamente una modificación del planeamiento urbano.
En ese mismo sentido, en el orden del día también figura el "estado de tramitación" de las modificaciones del planeamiento urbano "propuestas por el Ayuntamiento", que entre otros aspectos ha impulsado cambios en el PGOU para recalificar los suelos de la antigua comisaría de la plaza de la Concordia, que se conoce popularmente como el edificio de La Gavidia en referencia a la plaza contigua, para suprimir la prohibición de construir aparcamientos subterráneos en el casco histórico y para transformar en puente de tráfico rodado la pasarela peatonal que el PGOU contempla entre la calle Torneo y el sector sur de la isla de la Cartuja.
LAS "SENTENCIAS" DEL PGOU
También figura en el orden del día "las sentencias recibidas que anulan determinaciones del PGOU", toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de dictar un auto sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de diversos artículos del Plan General de Ordenación Urbana, sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico Artístico, siendo además anulados los planes especiales de protección elaborados para un sector y dos subsectores del casco histórico.
El orden del día incluye además una mención a "las demandas por incumplimiento de convenios urbanísticos". Recordemos que allá por 2010, con Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) al frente del Consistorio, la Gerencia de Urbanismo admitió haber percibido ingresos por valor de 172.115,560 euros una vez retirados los avales de 55 de los 70 convenios urbanísticos asociados al Plan General de Ordenación Urbana de 2006, un dinero entregado por los suscriptores de estos convenios para la creación de los sistemas generales y viales implicados en los desarrollos urbanísticos estipulados por los convenios en cuestión. No obstante, mediante este montante, el Ayuntamiento hispalense habría sufragado iniciativas como la red de carriles bici, el II Plan de Barrios, la rehabilitación de la Plaza de España o la reurbanización de la Alameda de Hércules.
Igualmente, figura la "incidencia de determinaciones medioambientales europeas en el sistema general viario", toda vez que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha debatido recientemente el impacto del trazado del tramo de la futura ronda urbana SE-35 comprendido entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008, sobre el parque público del Tamarguillo, financiado precisamente con fondos comunitarios.
