La movilización fue secundada en Algeciras por la totalidad de estos funcionarios, a excepción de la persona designada como servicios mínimos, que fue la secretaria del servicio de guardia.
La portavoz de dicho colectivo, secretaria judicial en el Juzgado de Menores, Alejandra Pazos considera “muy injusta la situación que vivimos, porque existe una importante carencia de medios materiales y humanos”. En el Campo de Gibraltar, “las sustituciones de los funcionarios y las bajas son irrisorias, no tanto por el tiempo que tardan en cubrirlas, como por la formación de los designados”. Existe “una reforma de leyes procesales que no se acaba de llevar a efecto, con lo que nos encontramos que se nos exige una responsabilidad tremenda y no disponemos de medios para poder afrontarla”. Además, “no podemos tomar decisiones reales, porque es el juez quien las toma; el sistema informático es individual de cada órgano y no está conectado con los demás”.
En suma, “queremos trabajar, queremos asumir la responsabilidad, pero necesitamos disponer de los medios necesarios para ello”.
Por el contrario, ante la carencia de dichos medios, Alejandra Pazos considera que “un caso como el de la pequeña Mari Luz se puede dar en cualquier momento, con cualquier persona, por la acumulación de trabajo”, dado que “hay que tener en cuenta que yo no puedo controlar 13.000 papeles diariamente, por lo que un caso similar se puede producir, a pesar de que, en mi caso, dada mes remito un escrito reclamando medios a la Administración, pero la Junta de Andalucía tiene una cantidad determinada de fondos y los distribuye según estima”.
Injerencias
También, los magistrados algecireños se sumaron a las medidas de protesta con la celebración de una Junta General de Jueces, a las 10.00 horas.
Al igual que sus compañeros de la provincia de Cádiz, los magistrados acordaron por unanimidad “ratificar el acuerdo adoptado por los jueces decanos en las Jornadas de Cádiz, por el que se rechazan las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades del Consejo General del Poder Judicial”.
Asimismo reclamaron “la independencia del Poder Judicial y rechazaron la politización del mismo, puesta de manifiesto, entre otros, en la designación de los miembros del CGPJ”.
Por otra parte, los jueces denunciaron de nuevo “la sobrecarga de trabajo de algunos órganos judiciales de Cádiz, como los juzgados de lo Contencioso Administrativo, los juzgados de lo Penal y el Juzgado de lo Mercantil, así como las graves carencias de medios materiales y personales de los juzgados de Cádiz”.
Otro de los temas denunciados por los magistrados son la “dispersión de sedes, el lamentable estado de los edificios, la falta de seguridad de los mismos, la insuficiencia de plantilla, la deficiente cobertura de vacantes, la designación de funcionarios interinos directamente del Servicio Andaluz de Empleo, sin preparación previa; el anacronismo del sistema informático, carente de homogeneidad y de sistemas de alerta, así como la falta de desarrollo e implantación de la oficina judicial”. Por último, manifiestan que “son las carencias de medios materiales y personales la causa principal de las demoras y disfunciones en la Administración de Justicia, siendo responsables de dichas deficiencias las autoridades competentes en dichas materias, como el Ministerio de Justicia y CCAA”. Esto es así, añaden, “a pesar de la dedicación y sobreesfuerzo de los jueces por encima de lo exigido (trabajando mañanas, tardes y fines de semana) intentando salvar y mitigar tales insuficiencias, en la medida de nuestras posibilidades, en aras de prestar un mejor servicio al ciudadano”.
