El primer punto del orden del día fue dar cuenta del auto sobre dicha sentencia. Al respecto, el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, indicó que era la “segunda vez que se daba cuenta al Pleno sobre este mismo asunto, porque ya se hizo en el Pleno ordinario del pasado 6 de marzo”, además, preguntó el motivo por el que el mismo auto se había notificado al Ayuntamiento en dos fechas distintas.
Por otro lado, Ruiz Boix afirmó que “es la única vez que el Ayuntamiento, en esta guerra entre dos empresas, se ve perjudicado, y no recurre y tiene que embolsar más de tres millones de euros de intereses de demora. me pregunto quién se beneficia de esta inacción. Hace pensar en ciertas connivencias con la empresa adjudicataria Vverth. Me avergüenzo de formar parte de una Corporación que por la inacción de sus grupos mayoritarios USR y PP no defiendan los intereses de los sanroqueños. Nosotros tenemos nuestra conciencia muy tranquila”.
El alcalde Fernando Palma, pidió al secretario interino de la Corporación, Francisco González-Deleito, que aclarara la duda sobre las dos notificaciones del auto. Al respecto, González-Deleito señaló que “normalmente las notificaciones de asuntos judiciales llegan al Ayuntamiento por una doble vía. Por un lado, se notifica al secretario general y por otro, al letrado que representa al Ayuntamiento en el caso concreto. El auto real de notificación, que abre el plazo de 30 días hábiles para su cumplimiento, es el que recibe el letrado del Ayuntamiento, y llegó el 23 de febrero”.
Gabinete jurídico
El segundo punto del orden del día fue dar cuenta de la constitución del nuevo gabinete jurídico y del acuerdo sobre el informe adoptado por el mismo. En este sentido, Ruiz Boix afirmó que en el decreto “sólo se hace alusión a la constitución y no a la composición”.
No obstante, el portavoz socialista preguntó la razón por la cual dicho informe no lo firman todos los miembros del gabinete, sino sólo Miguel Pacheco Ocaña y Francisco González-Deleito. También afirmó que “el cese en su función del secretario general de Alejandro del Corral el pasado viernes se ha producido antes de su nombramiento en el Boletín Oficial del Estado para su nuevo destino en un pueblo de Almería para así no tener que asistir a este Pleno”.
Palma dio de nuevo la palabra a González-Deleito, quien explicó que el gabinete jurídico delegó en él mismo y en Pacheco la realización del informe como ponentes, actuando como secretario del Corral pero que en la reunión se aprobó el documento por absoluta unanimidad de sus miembros, mi firma y la de Pacheco la hacemos como ponentes del informe, pero está avalado por la totalidad del gabinete jurídico”. En cuanto al motivo por el que Alejandro del Corral no estuviera presente en el Pleno, explicó que se debe a que desde el pasado martes fue nombrado en otro puesto. A esto, Ruiz Boix añadió que “el secretario tiene tres días para cesar de su cargo, por lo que podría estar ahora en la sesión plenaria”.
Como último punto del orden del día, el Pleno debatió el cumplimiento de la sentencia de la parcela TG-22. El portavoz del grupo municipal socialista criticó que el informe del gabinete jurídico “no marca el itinerario a seguir para el cumplimiento de dicha sentencia. Lo único que hace el informe es repetir lo que dice el auto y sólo hay conclusiones”. Al respecto, el alcalde señaló que “el informe dice claramente los pasos que hay que dar y solo lo ratificamos con nuestro voto”.
Informes
Tras solicitar un receso que no le fue concedido, Ruiz Boix hizo hincapié en presuntas contradicciones entre el informe que se envió al TSJA sobre el mismo asunto hace seis meses y el actual, “los criterios se modifican de forma contínua y se han cambiado los posicionamientos que se defendían en octubre que dicen que era imposible la ejecución de la sentencia. Los mismos grupos políticos cambian su postura”.
“Si antes la reparcelación se consideraba que tenía validez, ahora se sostiene que es nula, además, el tribunal exige que la adjudicación de la parcela se anule y que el Pleno adjudique de nuevo en función de la propuesta de la mesa de contratación del año 2002, pero el informe del gabinete propone que se haga una nueva valoración. El TSJA pide dar cuenta de las actuaciones a seguir para el cumplimiento de la sentencia, no su aprobación, sino que se diga cómo se va a hacer”, dijo Ruiz Boix.
“Después de múltiples recursos, no se ha dado ningún paso real y no se ha hecho nada para cumplir la sentencia en estos 30 días de plazo”, resaltó el portavoz socialista. Tras adelantar que su grupo iba a votar en contra, solicitó que se enviase al tribunal una transcripción de todo lo dicho en el Pleno.
A continuación, tomó la palabra el portavoz del PIVG, Jesús Mayoral, quien explicó que había partes del asunto en las que estaba de acuerdo con lo expuesto por el PSOE, “ya que hay informes contradictorios dentro del propio Ayuntamiento, por lo que pedimos la anulación e algunos puntos del informe y votaremos en contra”. Finalmente, se procedió a la votación, resultando aprobado el cumplimiento de la sentencia con los votos a favor de PP, USR, PA y Rosa Macías, y los votos en contra de PSOE y PIVG.
