La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha insistido este jueves en demandar al Ayuntamiento de Sevilla agilidad y celeridad en la actualización de los informes sociales sobre los vecinos procedentes de la Corrala Utopía, al tiempo que ha calificado de "rotundamente falsas" las acusaciones lanzadas por el PP-A contra su departamento al hilo de los realojos que se llevaron a cabo.
Cortés se ha pronunciado así ante el Pleno del Parlamento después de que la diputada del PP-A Alicia Martínez haya manifestado que es evidente que no todos los andaluces en situación de exclusión social tienen las mismas oportunidades para acceder a las 80.000 viviendas sociales en alquiler que tiene la Junta. Ha indicado que para la consejera, el criterio de adjudicación de viviendas para los vecinos de la Corrala Utopía fue haber dado una "patada en la puerta, la afinidad política y la lucha antisistema".
Asimismo, Martínez ha reprochado a Cortés que aún no haya facilitado al PP-A la información que le solicitó por escrito hace un mes sobre el asunto de la Corrala Utopía, relativa a copias de los expedientes administrativos, de los informes jurídicos y de los informes sociales. "Usted no facilita los datos, sino que calla y oculta, ¿qué es lo que tiene que ocultar? ", ha preguntado a la consejera.
Ha aludido además al "despido" de una trabajadora social que "no se ha sometido a las presiones" de la Consejería de Fomento y Vivienda, lo que demuestra que ante el asunto de la Corrala se ha actuado con "arbitrariedad y sectarismo".
Martínez ha considerado que la consejera tiene que dar muchas explicaciones en el Parlamento, a los ciudadanos y ante la justicia, porque "ha pisoteado el principio de legalidad, de transparencia y de igualdad" y le ha reprochado que ahora culpe al Ayuntamiento de Sevilla, a cuyos servicios sociales, los "okupas ilegales están poniendo todo tipo de trabas" y se están negando a facilitar la información necesaria.
Por su parte, la consejera ha calificado de "rotundamente falsas" las acusaciones del PP-A, apuntando que son las políticas de ese partido en España las que provocan desalojos, desahucios masivos y empobrecimiento de la mayoría social.
Asimismo, ha lamentado que los alcaldes del PP-A no hayan contestado aún a su propuesta para que las 5.620 VPO en venta sin adjudicatarios que hay actualmente pasen a ser de alquiler y a ellas puedan acceder personas que están inscritas en el registro municipal de demandantes de viviendas. Ha confiado en que próximamente haya una respuesta y se puedan sentar.
Cortés ha indicado que el artículo 10 del Estatuto de Autonomía nos dice que tenemos que combatir la exclusión social, de manera que el Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias para luchar contra la exclusión social, así como una Ley de la función social de la vivienda, que ha sido recurrida por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional.
Ha planteado cómo es posible que desde que gobierna el PP en España haya habido un aumento del 70 por ciento de hogares que estén en riesgo de exclusión social.
