En un comunicado, la policía autonómica ha confirmado que los empresarios viajaron engañados por una banda organizada, con la que llegaron a mantener contactos durante seis meses previos al viaje.
Así, el 16 de marzo, un día después del secuestro, los delincuentes efectuaron una llamada telefónica “amenazadora” a un familiar de los secuestrados, al que exigieron el pago de una suma de 200.000 euros para liberar a los rehenes.
Según los Mossos, los familiares pusieron los hechos en conocimiento de la policía catalana, que de forma inmediata activó el protocolo de actuación en casos de secuestro.
Un equipo de negociadores de la unidad especializada en Secuestros de los Mossos inició desde el primer momento la protección y asesoramiento de la familia.
Tras comprobar que las víctimas se encontraban retenidas en Nigeria, y dada la necesidad de realizar investigaciones y gestiones a nivel internacional mediante el Ministerio de Asuntos Exteriores, los Mossos contactaron con el Cuerpo Nacional de Policía, con el que crearon un grupo de trabajo conjunto.
Así, mientras los Mossos se encargaron de realizar la protección y asesoramiento en las negociaciones que los familiares de las víctimas mantenían con los secuestradores, la Policía Nacional coordinó la investigación en Nigeria mediante el agregado a la embajada española en el país.
En este sentido los Mossos d’Esquadra detallaron que los empresarios Josep Bufí y Alonso Boj, vecinos de Sabadell y Santa Perpètua de Mogoda, respectivamente, viajaron a Nigeria pensando que cerrarían una venta con una empresa de cosméticos del país africano, que supuestamente estaba interesada en adquirir productos de envase de la empresa de las víctimas.
