El sindicato CSIF, mayoritario en el sector de la Justicia onubense, iniciará el próximo mes de septiembre una campaña de movilizaciones (concentraciones, manifestaciones, encierros) que culminarán con la convocatoria de una huelga contra de la privatización del Registro Civil.
De manera paralela, la Central Sindical también está en conversaciones con el colectivo de trabajadores dependientes de los registros mercantiles y de la propiedad -que se ven afectados por el proceso de fusión de registros que planea el Gobierno central- para que se sumen a las protestas y, de esta manera, promover una movilización global tanto en los registros civiles como en los privados.
Además, el sindicato va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y con el Defensor del Pueblo para promover un recurso de inconstitucionalidad contra esta decisión, además de estudiar otras medidas legales para frenar el proceso de privatización.
CSIF explica que el traspaso de las competencias del Registro Civil a los registradores de lo Mercantil dejará en una situación de incertidumbre a los funcionarios dependientes de las comunidades autónomas “cuyo futuro y estabilidad laboral no garantiza el Ministerio de Justicia”.
La privatización del Registro Civil, según la Central Sindical, “pone en peligro el futuro de un importante número de funcionarios interinos y, además, afectará previsiblemente a la gratuidad del servicio público, aunque la Administración lo niegue”. CSIF ya viene advirtiendo que trámites como la inscripción de nacimientos, defunciones o matrimonios podrían tener un coste para el usuario con esta medida del Gobierno central.
Por otra parte, el sindicato lamenta el “oscurantismo” en todo este proceso puesto que el Real Decreto que contempla la privatización del Registro Civil ha sido redactado a espaldas de los representantes de los trabajadores. De hecho, según ha constatado CSIF, no existe unanimidad entre los responsables de Justicia de las diferentes comunidades autónomas (más de 2.500 funcionarios dependientes de ellas desconocen su futuro laboral).
Desde el Ministerio de Justicia se asegura la permanencia del empleo, pero únicamente dentro de su ámbito de competencia, sin abordar la situación de los empleados públicos que dependen de las comunidades, muchos de ellos interinos. “Además, aunque quisiera, no puede obligar a las autonomías con competencias en Justicia a asumir ningún compromiso que garantice los puestos de trabajo”, lamenta CSIF.
Por todo ello, la Central Sindical ha anunciado nuevas medidas reivindicativas para evitar que el Gobierno lleve a cabo “esta medida injusta y que resta valor a la profesionalidad y la experiencia de los funcionarios de Justicia, que son los verdaderos especialistas en la gestión del Registro Civil”.
