Alrededor de un centenar de personas han respondido a la convocatoria en el paraje de El Algarrobico de una plataforma vecinal de Carboneras (Almería) para reivindicar la viabilidad del hotel de Azata y expresar su oposición a que se acometa por parte de la Junta y el Gobierno central su demolición.
La concentración, que ha comenzado a las 18,30 horas bajo lemas como 'Algarrobico Sí' o 'Queremos que se abra el hotel', se ha desarrollado frente al establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, construido al 94,5 por ciento.
Los asistentes, con la presencia del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento y de su portavoz, José Luis Amérigo, han defendido la "legalidad" del hotel en atención a las últimas sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y han subrayado que su apertura derivaría en la creación de "al menos 400 empleos de forma directa".
Este movimiento vecinal llega después de que la Junta andaluza haya anunciado que tiene la intención de escriturar el 12 de septiembre las fincas sobre las que se levanta el hotel a nombre del dominio público para formalizar de este modo el derecho de retracto por 2,3 millones de euros que ejerció en 2006.
Cabe recordar que vecinos de Carboneras cubrieron el 15 de mayo la 'i' de 'ilegal' que la organización ecologista Greenpeace rotuló en la fachada del hotel y añadieron la inscripción 'Hotel sí, 100% legal. Trabajo sí, paro no. Greenpeace mafia'.
La Agrupación local del PSOE ha solicitado, asimismo, la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico de la corporación municipal para instar a la promotora Azata del Sol a reanudar las obras, paralizadas por orden judicial desde 2006 si bien el Alto Tribunal andaluza dictaminó el pasado día 29 que la licencia de obras era "conforme a derecho".
La solicitud de un plenario monográfico se acordó por unanimidad de la asamblea socialista y persigue, además, que el equipo de gobierno PP-Gicar "abandone su inacción" y "retome la defensa judicial del hotel" después de que en diciembre de 2013 desistiese de interponer recurso de casación al Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia que valida el derecho de retracto de la Junta y que ha devenido en firme.
