El exalcalde de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha iniciado los trámites para solicitar su indulto ante la condena de 5 años y medio impuesta por el Tribunal Supremo y que implica su ingreso en prisión, han informado a Efe fuentes jurídicas.
Las mismas fuentes han señalado que Pedro Pacheco está siendo asistido por un equipo de abogados en este trámite para evitar ir a la cárcel.
La petición de indulto conlleva un escrito dirigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el que la solicitud se apoya en razonamientos, argumentos o méritos por los que el condenado cree que merece ser perdonado.
Desde que el pasado viernes el Tribunal Supremo hiciera pública su sentencia, Pedro Pacheco ha evitado hacer declaraciones a los medios de comunicación sobre su situación.
Fuentes de su defensa han explicado que trata de "buscar salidas" porque es consciente de lo que implica la resolución del Tribunal Supremo.
El Supremo elevó a 5 años y medio la condena que le impuso la Audiencia Provincial de Cádiz por cometer falsedad documental, prevaricación y malversación en la contratación en 2005 de dos políticos del Partido Socialista de Andalucía como asesores de diferentes empresas municipales de Jerez de la Frontera, de las que percibieron más de 200.000 euros sin presentarse siquiera a sus supuestos puestos de trabajo.
El Tribunal Supremo notificará en los próximos días la sentencia a la Audiencia Provincial de Cádiz, que será la encargada de hacer ejecutar el fallo.
Al recibir la sentencia la Audiencia de Cádiz comunicará a Pacheco que ésta es firme y que debe ingresar en prisión, momento en el que el exalcalde previsiblemente solicitará la suspensión de la condena en tanto el Gobierno resuelve sobre su solicitud de indulto.
Para el trámite del indulto, el Gobierno debe pedir informes al Tribunal Supremo, un escrito que es preceptivo pero no vinculante ya que la decisión última es del Ejecutivo.
La suspensión de una condena en tanto el Gobierno resuelve sobre un indulto tiene un reciente precedente, el del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra, aunque es un caso considerado excepcional en comparación con otros también recientes, como los del expresidente balear Jaume Matas o la expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlament balear y de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar.
Además de esta condena el exlíder andalucista tiene aún cuatro procesos judiciales pendientes, en dos de los cuales el fiscal pide para él penas de 7 y 6 años de cárcel.
