El alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre, ha lamentado que su homólogo de Torremolinos (Málaga) y compañero del PP, Pedro Fernández Montes, esté "demasiado tranquilo" en lo que respecta al abono de lo adeudado por los servicios prestados durante la fase de la segregación de la antigua barriada en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero hasta 1990, tal y como se recoge en una sentencia dictada en Málaga y declarada firme por el Tribunal Supremo (TS). Así, le ha exigido que muestre "voluntad de pago" y "deje de mirar para otro lado".
"No tenemos ninguna noticia al respecto de Torremolinos cuando hay sentencias firmísimas que hay que cumplir", ha señalado a Europa Press De la Torre, quien ha reiterado, no obstante, su disposición a dar "todo tipo de facilidades" para ese abono. "No exigimos que paguen de inmediato, pero sí que haya una voluntad de pago, que hasta ahora no se ha demostrado", lo que "no me parece serio", ha admitido.
Aunque no es un tema que haya abordado recientemente con Fernández Montes, De la Torre ha indicado que "ya lo he hablado con él suficientes veces y le he ofrecido, de palabra y por escrito, todas las facilidades, pero lo que no puedo, por sentido de la responsabilidad, es olvidar que hay una sentencia que dice que Torremolinos tiene que pagar a Málaga equis millones de euros".
Ha dejado claro que no suaviza su exigencia por ser Fernández Montes del PP; de hecho, ha asegurado que su actitud "sería exactamente igual" si gobernara el Consistorio torremolinense otra formación. Y es que, tal y como ha resaltado, "mi consideración es con los ciudadanos de Torremolinos, no con el Ayuntamiento".
"Mi objetivo es tratar de que el Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, disponga de facilidades por nuestra parte para que su política de gestión en relación con los ciudadanos no tenga consecuencias", ha aseverado. "No queremos entrar en su caja, en su presupuesto, diciendo retengo tal cantidad --ha precisado--; no es algo que hayamos planteado nunca".
Así, ha reiterado que los ciudadanos del vecino municipio tienen "toda nuestra consideración y respeto", pero la cuestión es que "ha habido un largo pleito, iniciado en la etapa del socialista Pedro Aparicio, y la sentencia ha sido dictada a favor del Ayuntamiento de Málaga, por lo que nuestra obligación es que se ejecute".
En cuanto al pago de esa deuda, De la Torre ha insistido en que está dispuesto a hacerlo de "una manera que sea cómoda para Torremolinos", lo que no significa, tal y como ha especificado, que "pueda olvidarse de este tema", ya que "estamos en un Estado de derecho y cuando hay una sentencia es por algo".
El regidor de Málaga llegó a ofrecer a su compañero de partido el pago aplazado en hasta 20 años, contemplando, incluso, la posibilidad de que parte del débito se pudiera satisfacer en solares; eso sí, "con una valoración rigurosa". "Es un tema en el que no se puede mirar para otro lado y ellos llevan ya muchos años mirando para otro lado", ha concluido.
CERCA DE 20 MILLONES
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó en 2007 al Consistorio de Torremolinos a satisfacer al de Málaga la citada deuda --9,83 millones de euros más los intereses legales devengados desde 1997, que, en la actualidad, harían una cifra cercana a los 20 millones--, una sentencia que fue ratificada un año después por el Supremo.
En esta larga historia de dimes y diretes, De la Torre concedió en mayo de 2012 al Ayuntamiento de Torremolinos un plazo de 60 días para abonar los 16,2 millones de euros que en aquel momento representaban la deuda o para negociar un plan de pago. Al cumplirse el ultimátum sin haber obtenido respuesta, se solicitó al TSJA la ejecución de la sentencia, tras lo que el Consistorio torremolinense presentó un recurso extraordinario de revisión para partir de cero y reclamar a la capital el dinero que, en su opinión, le adeudaba.
De hecho, la Administración dirigida por Fernández Montes argumentaba en ese recurso, desestimado por el TSJA, que quien debía era la capital, aludiendo a cuestiones como que los ingresos que aportó antes de su segregación eran superiores a lo que Málaga gastaba en la barriada o que el coste del agua que suministraba a la ciudad era mayor que la deuda a la que se hacía referencia, algo rechazado siempre por De la Torre y contestado por los servicios jurídicos municipales.
Fernández Montes ha llegado, incluso, a recurrir al vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, para que intervenga en este conflicto.
