El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lucena (Córdoba) prevé tomar este viernes declaración a tres de los imputados en el caso del supuesto cobro irregular de dietas en el Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Benemají, concretamente el teniente de alcalde de Urbanismo, Francisco Hoyos (PSOE), y dos funcionarios municipales relacionados con el servicio de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, después de que las declaraciones de estas tres personas estaban previstas para finales de octubre de 2014, pero se suspendieron ante la imposibilidad de asistir por parte de uno de los abogados.
Mientras, el juzgado ha desestimado una petición de orden de alejamiento para el exalcalde socialista José Ropero --imputado en esta causa-- sobre el Consistorio, después de que supuestamente "ha sido visto intentando entrar de noche en el Ayuntamiento", algo que "ha reconocido la alcaldesa del municipio, María José Montes, que ha dicho que era para reuniones de partido", según destacan desde la acusación.
En concreto, el juzgado ha emitido un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se desestima la adopción de medidas cautelares de carácter urgente, solicitadas por la acusación, como la orden de alejamiento a José Ropero para que "no acceda y ni se acerque a menos de cien metros del Ayuntamiento de Benamejí, al menos hasta que el proceso de instrucción finalice".
Al respecto, la juez apunta que "la medida interesada por la acusación limita o restringe los derechos fundamentales previstos en el artículo 19 de la Constitución Española", a lo que añade que se alude a "una serie de afirmaciones que no vienen corroboradas por ningún otro medio probatorio, sin que sean suficientes las mismas para decretar una medida tan restrictiva para la libertad deambulatoria del imputado como la de alejamiento".
Igualmente, la Fiscalía emitió un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que "se opone a la adopción de las medidas cautelares, al no concurrir los elementos necesarios que permitan fundamentar la imposición de una medida cautelar que implica una merma importante del derecho fundamental de deambulación de la que goza el imputado".
"EXTRAÑO Y MUY PELIGROSO"
En detalle, la acusación presentó un escrito en el juzgado que relataba que un vecino comentó que "han visto a José Ropero en compañía de una persona intentando entrar de noche al edificio del Ayuntamiento", pero "al darse cuenta de que es observado desiste de entrar".
Según recoge el escrito, tras ello se celebró una reunión en el Consistorio en la que la alcaldesa "reconoce que con motivo de una reunión de su partido se había reunido en el Ayuntamiento con José Ropero, y que quizá lo que han visto esas personas era el momento en el que entraba o salía del edificio".
Así, desde la acusación apuntan que les parece "extraño y muy peligroso procesalmente" que "la alcaldesa del municipio se ha reunido con José Ropero y junto a otros, con libre acceso a todo el Ayuntamiento, a sus documentos y caudales, sin control alguno, sin testigos y a altas e impetuosas horas de la noche".
Ante ello, defienden en el escrito que "no existe ni motivo ni razón alguna que justifique esas u otras reuniones que, en la noche y sin testigos, se han realizado dentro de la institución pública", y consideran "obvio que las mismas jamás deberían de haber ocurrido", al tiempo que advierten de que el hecho de que "la actual alcaldesa del municipio reconozca sin titubeos que su 'partido' está haciendo un uso indebido de las instalaciones públicas, de forma partidista y privativa, al amparo de la noche y sin el conocimiento de nadie más que de ellos mismos, induce a pensar en lo peor".
"DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS"
Asimismo, señalan que "si son reuniones de partido político internas, las cuales, obviamente deberían de haberse celebrado en su sede social", dichas reuniones "podrían haberse celebrado en cualquier otro lugar, pero jamás en el Consistorio municipal y de noche", de manera que apostillan que son "reuniones bastante sospechosas" y "podría darse el caso de que el motivo de dicha reunión respondiera a una destrucción de pruebas, o incluso a la comisión de algún tipo de delito por parte de dichos señores".
Como consecuencia de ello, la acusación solicitaba que se prohíba el acceso al encausado José Ropero al Ayuntamiento, "al menos mientras perdure el proceso de instrucción", así como que se tomaran medidas "urgentes y necesarias que tiendan a garantizar y salvaguardar la integridad de todos los documentos que existan en el Ayuntamiento, especialmente aquellos que se hayan solicitado, y al menos hasta que se provea sobre su admisión o no".
Además, entre las peticiones, se reclamaba que "se adopte la medida cautelar precisa y ajustada a derecho que garantice que en el Ayuntamiento de Benamejí no se realicen más reuniones secretas, nocturnas y partidistas, garantizando el correcto y legal uso de las instalaciones públicas dentro de su horario establecido".
LA CAUSA
En concreto, la causa, en la que está imputado el exalcalde José Ropero, quien ya declaró en mayo del año pasado, se instruye por malversación de caudales públicos y prevaricación, al tiempo que la acusación por parte de IU y PA reclama que también se investigue la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias.
En este caso también está personado el PP y como se recordará el exalcalde socialista presentó a principios de enero de 2014 su renuncia como regidor, además del acta de edil, por "problemas de salud", entre otros, debidos en parte a esta causa, según expresó el propio alcalde, quien ha estado unos 22 años en el cargo.
En su declaración como imputado en mayo de 2014, Ropero manifestó que "no tenía ningún sueldo", de manera que alegó que, al ser pensionista, los únicos ingresos que recibía del Ayuntamiento eran por dietas, al tiempo que defendió que "no ha habido perjuicio económico" al erario público en el caso del supuesto cobro irregular de dietas, en alusión a un informe del Tribunal de Cuentas tras la liquidación "sobre el posible daño", según la defensa.
Además, mantuvo que "el daño patrimonial al erario público ha sido cero", al tiempo que destacó que "todas las cantidades indebidamente cobradas, según la Intervención, se han devuelto íntegramente". Asimismo, explicó que "viajaba mucho" debido a la situación del Consistorio de Benamejí que "tenía problemas serios", según indicó su letrado, quien comentó que al exalcalde le preguntaron por los viajes y la cantidad que devengaba en las dietas.
De este modo, apuntó que su cliente "ha dejado claro que él no era quien tramitaba los expedientes y las cuentas se las daban hechas", según su abogado, quien señaló que "se ha causado un perjuicio a muchos funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento", porque "en las dietas se seguía el mismo criterio para todos", apostilló.
"TODOS LOS BENEFICIARIOS"
A principios de junio de 2013, la Fiscalía Provincial pidió imputar "a todos los beneficiarios" que cobraron las dietas supuestamente irregulares en el Ayuntamiento de Benamejí, una circunstancia que implicaría a casi 40 personas. La Fiscalía remitió las actuaciones al juzgado decano de Lucena para su reparto, al tiempo que dio traslado al Tribunal de Cuentas a efectos de determinación de alguna responsabilidad contable.
Fue el PA en Benamejí, que actualmente no cuenta con representación en el Pleno municipal, el que en verano del año 2013 llevó el caso a la Fiscalía, que tras meses de indagar en la documentación aportada pidió al juez de Lucena que abriera una investigación penal para aclarar los hechos.
