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Detenidas 28 personas por defraudar 238.035 euros con una empresa ficticia con la que cobraban subsidios de desempleo

La empresa investigada incumplía la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, ascendiendo la deuda por impago a la Seguridad Social a la cantidad de 168.491 euros, siendo el total de lo defraudado 236.035

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La Policía Nacional ha detenido a 28 personas por defraudar 238.035 euros a las arcas públicas a través de una empresa ficticia con la que cobraban subsidios de desempleo. Entre los detenidos, está el administrador de la empresa al que se arrestó en Melilla, y un autorizado del sistema de la Seguridad Social RED, detenido en Zaragoza.

   Además, hay seis detenidos en Vitoria, tres en Pamplona (Navarra), cuatro en Zaragoza, dos en A Coruña, dos en Logroño (La Rioja), dos en Tudela (Navarra), uno en Algeciras (Cádiz), uno en Elda (Alicante), uno en Jaca (Huesca), uno en Madrid, uno en Murcia, uno en Plasencia (Cáceres) y uno en San Sebastián.

   La empresa investigada incumplía la obligación de cotizar por los seguros sociales de sus trabajadores, ascendiendo la deuda por impago a la Seguridad Social a la cantidad de 168.491 euros, siendo el total de lo defraudado 236.035.

126 TRABAJADORES DADOS DE ALTA

   Según ha informado la policía, las investigaciones mostraban la inexistencia de actividad en esta sociedad afincada en Zaragoza, en cuya sede social sólo hay un solar, cuya actividad declarada era agraria. En el periodo de actividad de dicha empresa fueron dados de alta un total de 126 trabajadores distintos.

   Así, la empresa era utilizada de manera instrumental para permitir el acceso y disfrute de prestaciones y subsidios por desempleo a los trabajadores, mediante la simulación de contrato laboral, creándose una situación de situación legal de desempleo y la simulación de periodos de trabajo para poder renovar sus autorizaciones de residencia y trabajo.

   Entre los 126 trabajadores dados de alta, 16 solicitaron y obtuvieron prestaciones o subsidios por desempleo tras permanecer en situación de alta los mínimos periodos legalmente exigidos, ascendiendo el importe de lo percibido a 67.543 euros. Veintiocho trabajadores consiguieron renovar sus autorizaciones de residencia en España, basándose en supuestas relaciones laborales mediante contratos laborales en esta empresa.

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