La operación realizada por la Guardia Civil en la que se han detenido o imputado a 20 personas por tráfico de productos hortofrutícolas contaminados a Rusia, ha afectado a un total de ocho empresas almerienses, sobre las que se habría falsificado su identidad para beneficiarse de su marca a la hora de realizar las exportaciones.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Comandancia de Almería, quienes han precisado que la operación realizada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona implicó tres registros en la provincia, al menos dos de ellos en Roquetas de Mar y en El Ejido.
El entramado, que se servía de una empresa radicada en Estonia pero que contaba con el apoyo de una empresa dedicada al asesoramiento y gestión de exportaciones en Gerona, ha sido desarticulado tras la práctica de las detenciones, de forma que de las once detenciones y nueve imputaciones realizadas en total, ocho detenciones y cinco imputaciones se han realizado en Almería.
A los implicados en esta actividad se les imputa los delitos de usurpación de estado civil y falsificación. Utilizaban la identidad de mercantiles dedicadas al sector hortofrutícola en Almería, Murcia y Valencia sin su consentimiento y falsificaban los documentos de transporte nacional e internacional.
La investigación se ha concentrado en Gerona, Barcelona, Almería, Murcia y Valencia, con un total de 11 detenidos y nueve imputados, en su mayoría de nacionalidad española. Además, por la vía judicial ha cursado a Estonia una petición de imputación de otras cuatro personas, nacionales de ese país.
En la operación, bautizada 'Karpos' se han practicado tres registros y se ha incautado diverso material como documentos oficiales, mercantiles, sellos, así como ordenadores.
QUEJAS RUSAS
La investigación se inició a requerimiento de los Servicios de Inspección en Frontera del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), que habían recibido quejas de las autoridades rusas en relación a las exportaciones de productos hortofrutícolas realizadas por diversas empresas españolas cuyos envíos fueron interceptados en la frontera por encontrarse contaminados.
No obstante, las investigaciones de la Ucoma demostraron que ninguna de estas empresas había realizado estas operaciones. En cambio, se verificaron que la empresa que realizaba estas exportaciones desde España era siempre la misma y estaba radicada en Estonia. La empresa mantenía siempre el mismo modus operandi pero cambiaba de "empresas pantalla" en España.
La investigación señaló que esta empresa contaba con el apoyo de otra, dedicada al asesoramiento y gestión de exportaciones en Gerona, que era la que supuestamente se encargaba de la falsificación de los certificados fitosanitarios necesarios para la exportación a terceros países.
A pesar de producirse el pasado año el cierre del mercado entre Rusia y la Unión Europea tras las sanciones europeas a Moscú por la guerra en Ucrania, se ha podido aclarar los hechos, ya que a pesar de esta restricción el volumen de los envíos de productos hortofrutícolas se seguía produciendo a similar nivel, aunque la empresa tomaba medidas para evitar que se conociera la procedencia europea de las mercancías.
