El agua es un recurso indispensable para vivir y por tanto su gestión debería ser pública. Es la premisa de la que parte Izquierda Unida para solicitar la municipalización de este servicio en todas las localidades andaluzas y la garantía de un suministro mínimo al conjunto de la población.
Málaga cuenta con un fondo social de medio millón de euros para aquellos ciudadanos que no pueden pagar su recibo del agua. Una cuantía insuficiente, en opinión de la formación.
Su portavoz, Eduardo Zorrilla, ha asegurado que las facturas han subido un 25% para los ciudadanos que viven solos o en pareja, tras la modificación del sistema de tarificación aprobado por el Ayuntamiento y que se aplica desde noviembre.
Izquierda Unida se ha comprometido a promover la gestión pública del agua donde gobierne y que, en ningún caso, le cortará el suministro de agua a ninguna familia que no pueda pagarla.
La formación le ha pedido al Ayuntamiento de la capital que apoye el pacto social andaluz por el agua pública para defender el agua como un derecho universal y que incremente el fondo social para cubrir las necesidades de las familias que no puedan afrontar el pago de este servicio.
El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en Andalucía, José Antonio Castro, ha indicado que el 48%de la gestión del agua en la comunidad autónoma está en manos privadas. Una situación que da prioridad a las empresas para hacer negocio con este recurso, argumenta. La solución, sostiene, es la gestión directa por parte de la administración pública.
