El Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha rechazado paralizar la instrucción del caso que investiga los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote (Granada), a una finca cercana, en el que ve indicios de un delito de prevaricación medioambiental omisiva y otro delito medioambiental.
En un nuevo auto, al que este viernes ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado, el magistrado Miguel Ángel del Arco, responde así a las peticiones formuladas por la Abogacía del Estado y por la Fiscalía de Medio Ambiente, que han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la última decisión del juez, ya que consideran prescritos los delitos, y solicitaron que se suspendiera la investigación a la espera de esa decisión.
El juez niega esas pretensiones y hace además una reflexión, justificando sus decisiones tomadas hasta ahora: "tal vez causando un perjuicio a la parte perjudicada y al medio ambiente, porque la agresión ha causado unos daños que existen, ha sido prudente en dilatar las imputaciones y adopción de medidas cautelares en parte por no estar a nuestra disposición un material documental necesario, que ha costado trabajo localizar y conseguir aunque otros documentos probablemente no se podrán conseguir".
En el caso, en el que están imputados, entre otros, el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.
El magistrado Miguel Ángel del Arco consideró entonces que puede haber indicios de delito, y, para ello, recopiló algunos de los pasos dados durante la instrucción, y los informes elaborados al respecto, en un auto anterior al ahora dado a conocer.
Así, por ejemplo recogió un informe del Seprona que apunta "numerosos daños derivados de la erosión del agua" en el cauce del arroyo El Juncal, en el cortijo, "pérdida ostensible de suelo de cultivo e incluso frutales, olivos, cerezos, arbolado forestal adulto, encinas, sistema de regadío", y, respecto al agua, los agentes indicaron que durante su inspección evidenciaron que "presenta unas características organolépticas propias del agua residual, de color gris verdoso y maloliente, formándose espumas".
También aludía al elaborado por el Instituto De Medicina Legal de Valencia, que señaló que las muestras recogidas procedían de un sistema de depuración "deficiente" de aguas residuales domésticas, y a aguas residuales de origen principalmente doméstico sin depurar (sanitarios, lavadoras, cocinas) con una elevada concentración de materia orgánica en suspensión. Esos vertidos, según se incide en el informe, "suponen un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas en función de la información aportada por los análisis realizados".
En la misma línea, la Guardia Civil concluyó que "los resultados contenidos en los informes remitidos evidencian una serie continuada de vertidos de elevada carga contaminante en materia orgánica en cauce público", y que "no se observa tendencia alguna que permita deducir una modificación de la gestión de la depuradora encaminada a disminuir la capacidad contaminante de los vertidos".
Por ello, y pese a que la Abogacía del Estado, que representa a varios de los imputados, pidió el archivo de la causa e incluso dudó de la existencia de los vertidos, el Juzgado de Instrucción 6, que en varias ocasiones criticó la "pasividad" de las administraciones en este caso, rechazó el recurso planteado, negando que pueda existir una posible prescripción del delito.
