La Fiscalía de Granada ha mantenido este lunes su petición de tres años de prisión y multa de 1.440 euros para la abogada acusada de quedarse con la indemnización de más de 56.000 euros que un juzgado había otorgado a una mujer por la muerte de su esposo, trabajador de la empresa Santa Bárbara de Industrias Militares.
En la última sesión del juicio, que se suspendió para que se aportara un informe económico del banco donde fue cobrado el dinero, el fiscal ha pedido una sentencia condenatoria para la procesada al entender que cometió un delito de apropiación indebida en su modalidad agravada, dado el importe de la defraudación y su condición profesional.
Por su parte, la acusación particular, que representa a la mujer afectada, también ha considerado destruida su presunción de inocencia, y ha reclamado una condena de cinco años de prisión, 3.600 euros de multa y el pago de una indemnización de 56.104 euros, más los intereses, mientras que la defensa ha instado la libre absolución, reiterando que la letrada no cobró el dinero, sino que se lo envió por cheque nominativo a la mujer.
De hecho, ya en la primera sesión de la vista, el pasado 2 de febrero, la letrada sostuvo que no se quedó con el dinero, y afirmó que cuando el proceso culminó, envió un cheque nominativo por correo a la viuda.
La procesada, Francisca I.P., que trabajaba entonces para el sindicato UGT y que ya abandonó el ejercicio de la abogacía, mantuvo además que el hermano de la mujer, con la que no tenía mucho contacto, le llamó para decirle que ya había cobrado al indemnización.
De hecho, según apuntó, ella nunca dudó de que la viuda había cobrado el dinero porque no volvió a saber nada de ella hasta que pasaron ocho años, y fue denunciada por apropiación indebida.
La supuesta víctima negó sin embargo que haya cobrado nada de la indemnización que le correspondía y explicó ante el tribunal que ella confiaba en la letrada y que dejó pasar tanto tiempo porque la propia inculpada le había dicho que aquello podía tardar muchos años en resolverse. No obstante, y sospechando de que ya había pasado demasiado tiempo, se dirigió al juzgado en 2011, donde le comunicaron que el dinero ya había sido cobrado en 2003.
También la mujer indicó que intentó ponerse en contacto con la abogada y señaló que fue a su antiguo despacho, donde unas mujeres le dijeron que ella no trabajaba allí y que ya no ejercía porque "había tenido muchos problemas".
El hermano de ésta, que también compareció como testigo, reiteró que la indemnización no ha sido cobrada y negó que llamara a la abogada para decirle que su hermana ya tenía el dinero. Además, recordó que si el cheque era nominativo debería constar así en algún sitio.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la letrada actuó "llevada de la pretensión de lucrarse ilícitamente a costa del patrimonio ajeno" en el procedimiento de reclamación seguido en 2001 ante el Juzgado de lo Social número 5 de Granada, contra la empresa Santa Bárbara y la Aseguradora Musini, que finalizó con la condena firme a los demandados al pago de 56.104,21 euros a la mujer, como indemnización por la muerte de su esposo.
Sin embargo, la cantidad, que fue proveída el 20 de octubre de 2003 y recibida en un juzgado de instancia, fue incorporada por la abogada "a su peculio particular" sin haberlo reintegrado a la perjudicada, "abusando del amplísimo poder que le fue otorgada en virtud de la confianza depositada en su aparente profesionalidad".
