La Asociación Faja Pirítica de Huelva, creada en el 2003 para controlar y gestionar las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a los trabajadores afectados por la crisis de la minería, malversó presuntamente 7,8 millones de euros procedentes de fondos del Fogasa, según la Guardia Civil.
Esta conclusión esta recogida en el informe realizado por el equipo de Delitos Económicos y Tecnológicos de la unidad orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, que ha sido entregado a la jueza Mercedes Alaya, y al que ha tenido acceso Efe.
Dicha asociación, siguiendo el esquema que se repite en otros expedientes, estaba compuesta por representantes de la administración autonómica, de los sindicatos UGT y CCOO, de la mediadora Uniter, y del bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasis.
Uniter abrió una oficina en Valverde para la atención de los afectados que, tal y como quedó establecido en el acuerdo, deberían de aportar a la asociación las indemnizaciones del Fogasa para cofinanciar sus propias pólizas de prejubilación; oficina de la que dicha asociación no tenía porque asumir ningún gasto.
Partiendo de este dato, los agentes de la Guardia Civil analizaron las cuentas de la asociación, y concluyeron que en ellas se ingresaron 7.929.230,58 euros cuyo destino era financiar las pólizas de las prejubilaciones y, dado que la Junta de Andalucía era quien había abonado las mismas, era por tanto dinero público que debería de haberse ingresado en las cuentas de la administración.
Por tanto, a juicio de los instructores, presuntamente se ha cometido una malversación de fondos públicos por esa cantidad.
Asimismo, han analizado el destino de un total de 7.948.763 euros que salieron de las cuentas de la asociación mediante cheques, de los que 1,9 millones de euros tuvieron como destino el bufete Estudios Jurídicos Villasis (EJV), 5,8 millones Uniter y del resto se desconocen sus beneficiarios.
Entre septiembre del 2004 y julio del 2005, mediante cinco operaciones EJV ingresó 67.061 euros procedentes de la asociación y entre diciembre del 2007 a diciembre del 2010, con el cobro de 43 cheques, 1.840.000 euros; mientras que Uniter recibió entre octubre del 2005 y octubre del 2007, a través del cobro de 113 cheques, los cerca de 5,8 millones de euros.
A juicio de los instructores estas son las cantidades que fueron defraudadas a la administración autonómica, a las que habría que restar los 74.000 euros que EJV ingresó a la asociación, por lo que hacen un total de 7.874763,07 euros.
Además, concluyen que para que se pudiera producir ese desvió tanto EJV como Uniter "necesitaban la participación de los sindicalistas" que formaban parte de la asociación, ya que los cheques eran firmados por la directiva de la que formaban parte.
