El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hará este miércoles efectivo el pago de 683,4 millones de euros a los ayuntamientos de las ocho Comunidades Autónomas que se han adherido al denominado Fondo Social del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que tiene como objetivo saldar las deudas contraídas por las CCAA con los ayuntamientos en la prestación de servicios sociales, educativos y sanitarios.
Así lo anunció este martes el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, durante la rueda de prensa que ofreció en el Ministerio de Hacienda junto al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, y en la que informaron de que son un total de 2.647 ayuntamientos los que se beneficiarán de esta medida.
En concreto, han sido ocho Comunidades (Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Murcia) las que se han adherido a este fondo voluntario para saldar sus deudas contraídas a raíz de la firma de convenios de colaboración con los Ayuntamientos, de las cuales Cataluña, con 839 ayuntamientos, recibirá casi el 60% de los fondos, un total de 397,6 millones de euros.
En segundo lugar se sitúan la Comunidad Valenciana, con 470 ayuntamientos pendientes de cobrar, que recibirán 120,4 millones de euros; y Andalucía, que recibirá 82,7 millones para 505 ayuntamientos. A continuación figuran Baleares (68 ayuntamientos, 34,6 millones); Castilla-La Mancha (243 ayuntamientos, 22,9 millones); Aragón (123 ayuntamientos, 14,2 millones); Extremadura (398 ayuntamientos y 9,7 millones); y Murcia (1,3 millones para un ayuntamiento).
Según detalló Beteta, estos fondos servirán para cubrir las obligaciones pendientes de pago de las Comunidades con las Entidades Locales a 31 de diciembre de 2014, derivados de convenios suscritos en materia de gasto social, es decir, para la prestación por parte de los Ayuntamientos de servicios educativos, sanitarios y sociales, que son competencia de las Comunidades Autónomas.
EL 65% PARA SERVICIOS SOCIALES
"Para el Estado, las deudas del Estado del Bienestar son las más importantes y tienen que ser pagadas. Ninguna Comunidad va a dejar de pagar sus deudas por prestación de servicios públicos que hayan hecho frente con carácter previo las entidades locales", aseveró Beteta, para añadir que de esos 683,4 millones, 441,7 (el 64,6%) irán destinados a servicios sociales; 108,6 a educación (16%); 107 a sanidad (15,6%); y 26 a políticas de empleo (3,8%).
Como consecuencia de estas operaciones, que tiene un 0% de tipo de interés para 2015 y el 0,834 a partir de 2016, las Comunidades Autónomas adheridas a este mecanismo se ahorrarán, según Beteta, 17,29 millones de euros durante el periodo de aplicación que es de 10 años -de ellos, más de 5 millones en este primer ejercicio de 2015--.
Asimismo, el secretario de Estado recordó que en el caso de que una de las Comunidades no adheridas al FLA Social no haga frente a sus deudas con los ayuntamientos en la prestación de estos servicios, Hacienda ha habilitado otro mecanismo, consistente en retener recursos a dicha región a través del Sistema de Financiación para sufragar esas operaciones pendientes de pago. No obstante, será necesario que el Ayuntamiento denuncie esta situación y que dicha deuda esté debidamente justificada. El pago se producirá en este caso en un mes.
Según Beteta, no han recibido de momento ninguna denuncia de este tipo, y no ha habido ningún ayuntamiento que "estando en situación de demanda se haya quedado fuera". No obstante, anunció que el Ministerio ha abierto un registro en el cual las Comunidades tiene la obligación de publicar todos los convenios que suscriban con los ayuntamientos para garantizar su pago.
FEMP: "UN ACTO DE JUSTICIA"
Por su parte, el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, afirmó que a la Federación tampoco le consta ninguna petición en este sentido. "Hay que suponer que las no adheridas no lo han hecho porque no tienen estos problemas. Por ejemplo, en Cantabria no me consta que haya ningún Ayuntamiento con deuda por cubrir", apostilló.
Para el presidente de la FEMP, la puesta en marcha de este mecanismo es "un acto de justicia" porque el pago de las deudas de las Comunidades a los ayuntamientos por la prestación, en muchos casos, de "competencias impropias", era una "demanda histórica". "Las entidades locales están desempeñando un papel esencial en la prestación de los servicios sociales, sanidad y educación, que en muchos casos son competencias impropias", insistió.
"Somos la Administración más cercana al ciudadano. Cuando alguien tiene una necesidad de carácter social la primera puerta a la que llama es el ayuntamiento. Las entidades locales tienen una serie de recursos propios que son quizás los más eficaces a la hora de prestar esos servicios. Eso supone que no tenga que ser las Comunidades las que asuman esos servicios, y se firman los convenios de colaboración, pero algunas Comunidades no asumían su responsabilidad, algo que ya está perfectamente cubierto en la reforma local, en la que se recoge la obligación de las Comunidades de financiar al 100% la prestación de los servicios sociales", celebró.
"Estamos ante un acto de justicia. Somos la infantería en la cobertura de los servicios sociales a los ciudadanos", subrayó, para añadir que también es un "acontecimiento único" el mecanismos alternativo fijado por Hacienda para retener financiación a las Comunidades no adheridas si no pagan sus deudas.
