Los esfuerzos del Gobierno de México por mostrar que el estado de Michoacán ya ha superado la extrema violencia de meses pasados quedaron hoy en entredicho tras la muerte de un policía y 42 presuntos delincuentes que habían ocupado un rancho.
El enfrentamiento ocurrió en la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato, una zona ubicada en el oeste de México.
El gabinete de Seguridad del Gobierno se reunió en la vecina ciudad de Zamora, donde el comisionado mexicano de esa cartera, Monte Alejandro Rubido, confirmó los 43 muertos, entre ellos un policía.
En una rueda de prensa, el comisionado de Seguridad explicó que todo comenzó el jueves, cuando las autoridades iniciaron una investigación sobre la invasión de una propiedad por delincuentes armados.
El viernes, miembros del Ejército, de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), de la Policía Federal y autoridades estatales pusieron en práctica un operativo en la zona.
En el camino hacia el rancho fueron atacados por hombres desde una camioneta y las fuerzas de seguridad comenzaron una persecución del vehículo, que se refugió en el rancho, dijo el comisionado.
"Al advertir la presencia de fuerzas federales, el resto de los presuntos delincuentes que ocupaban la propiedad comenzaron a atacar con intensidad a nuestros compañeros", lo que motivó que los agentes pidieran refuerzos, incluido un helicóptero.
El gran tamaño de la finca, de aproximadamente 112 hectáreas, incluidas amplias extensiones agrícolas, hizo que los agresores se dispersaran y que el choque durara tres horas en tres diferentes lugares.
Los delincuentes pertenecen al grupo que controla el estado de Jalisco, vecino a Michoacán, dijo Rubido al aludir tácitamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La cifra de víctimas mortales aún es preliminar y hasta ahora no se ha contabilizado ningún herido por el enfrentamiento, aunque sí hay tres presuntos delincuentes detenidos, afirmó.
El comisionado indicó que personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como de la estatal, ya se encuentran en el lugar analizando lo sucedido.
La investigación de la toma del rancho se produjo en el marco de la Operación Jalisco implementada a principios de este mayo para acabar con esta organización, que surgió en 2010 como una célula del cártel del Pacífico o Sinaloa y que operaba en Jalisco bajo el mando de Ignacio "Nacho" Coronel Villareal.
Con la muerte de Coronel, en 2010, la agrupación inició una cruenta disputa por el territorio con la organización La Resistencia, aliada de Los Zetas.
En los últimos meses, este grupo ha protagonizado varios ataques que tuvieron su punto álgido el 1 de mayo pasado, cuando un convoy del CJNG que se desplazaba atacó con un lanzacohetes un helicóptero castrense que realizaba un recorrido de reconocimiento y provocó la muerte de nueve militares.
Se cree que en el convoy se desplazaba el líder del grupo criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", por la reacción que se desató en el estado: 39 bloqueos de avenidas en 25 municipios e incendios de vehículos y negocios, que dejaron nueve fallecidos,
Según informaciones proporcionadas a Efe por la fiscalía estatal, los hoy abatidos pertenecen al grupo delictivo de la familia Guerrero Martínez, una banda que se dedica al tráfico de drogas, extorsiones y secuestros y que en la actualidad estaría trabajando para el CJNG.
Esta banda controla los municipios de Tanhuato, Yurécuaro, Ecuandureo y Vista Hermosa, en los límites con los estados de Jalisco y Guanajuato, donde operan desde hace 35 años.
En la operación fueron intervenidos ocho vehículos, de los que seis están calcinados, 36 armas largas, dos armas cortas, un lanzagranadas activado, un fusil calibre 50, así como un número aún indeterminado de cartuchos útiles.
El estado de Michoacán ha vivido un recrudecimiento de la violencia los últimos años por las acciones del cártel de Los Caballeros Templarios.
En febrero de 2013 grupos civiles tomaron las armas para defenderse de los templarios y meses después comenzaron a expandirse.
Ello llevó al Gobierno federal a intervenir en el estado a principios de 2014 para recuperar el control del territorio y poner fin al vacío de autoridad, y unos meses después legalizó los grupos de autodefensa bajo la figura de agentes de la Fuerza Rural.
Pese a que el Gobierno mexicano asegura que en el estado ya ha pasado lo peor y los índices de violencia han bajado, los sucesos continúan, como la muerte la pasada semana de un candidato a alcalde de Yurécuaro para las elecciones del próximo 7 de junio.
