El Consejo Rector del Consorcio del Centro Federico García Lorca se reunirá el próximo martes día 14 para abordar la situación en la que se encuentra el edificio que albergará en Granada el legado del poeta para posibilitar su apertura "lo más pronto posible".
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado, que preside el Consejo Rector de acuerdo a los nuevos estatutos del consorcio, ha convocado el encuentro, que tendrá lugar en el mismo centro, en la Plaza de la Romanilla de Granada, a las 12,00 horas. Ha firmado así el primer acta de convocatoria como presidente del Consorcio.
Así lo ha señalado en rueda de prensa el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero, quien ha indicado además que la capital acudirá a la reunión insititucional con el "cien por cien" de sus obligaciones económicas con la empresa constructora, Ferrovial, cubiertas, después de que la Junta de Gobierno Local haya dado este viernes luz verde al abono del último pago pendiente, de 494.000 euros.
El también portavoz del gobierno local ha indicado que las relaciones entre Ferrovial y las instituciones es "muy buena" y ha confiado en que la situación se desbloquee y el Centro pueda abrirse al público "lo más pronto posible". Todas las administraciones, según ha dicho, están cumpliendo con sus obligaciones y tramitando el abono del dinero pendiente, por lo que ha augurado que el próximo martes podrán darse "buenas noticias".
La inauguración del Centro Lorca, que ha sufrido numerosos retrasos por cuestiones económicas pero que se fijó finalmente para el pasado 5 de junio, coincidiendo con el nacimiento del poeta, tuvo recientemente que volver a aplazarse sin fecha, después de que el Ministerio de Cultura reclamara a la Fundación Lorca que justificara una serie de subvenciones millonarias concedidas para la construcción.
Concretamente, la Fundación tiene una deuda de 12 millones de euros sin pagar o justificar a, entre otros, Ferrovial, la constructora del centro que rendirá homenaje a la memoria del poeta, que ya está terminado y que esta empresa se niega a entregar por la deuda; y al Ministerio de Cultura, que reclama 1,7 millones de euros por las subvenciones nominativas concedidas para el espacio de la Plaza de la Romanilla.
La situación en la Fundación llevó a su presidenta a presentar una querella contra el secretario de la institución, Juan Tomás Martín, por posible falsedad documental y apropiación indebida, tras lo que aprobó su cese.
La Fundación, que se reunió recientemente para analizar las cuentas, ha garantizado que investigará "en profundidad" todas las irregularidades que se han localizado en las cuentas de la institución.
