El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga el llamado 'caso Romanones' sobre abusos sexuales presuntamente cometidos por sacerdotes a menores, ha transformado el procedimiento de diligencias previas en sumario ordinario, al considerar que las penas en las que podría incurrir el único imputado en la causa, el padre Román M.V.C., puede superar los nueve años de cárcel.
En un auto fechado el 16 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado, el magistrado Antonio Moreno, sostiene que de las diligencias practicadas hasta el momento se desprende "la existencia de indicios racionales de criminalidad" que permiten, con la "provisionalidad" propia del actual momento procesal, imputar al padre Román M.V.C. por los hechos presuntamente cometidos sobre el denunciante.
Estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de abuso sexual continuado con introducción de miembro corporal por vía anal y tentativa de introducción de miembro viril y prevalimiento, según añade el auto.
De acuerdo al Código Penal, este delito puede estar castigado con una pena de cuatro a diez años de prisión, por lo que el magistrado incoa el correspondiente sumario ordinario para que la causa siga este procedimiento, que conllevará que sea la Audiencia Provincial de Granada la que dicte el auto de apertura de juicio oral, según han detallado a Europa Press fuentes judiciales.
En el auto, contra el que cabe interponer recurso, el magistrado se refiere a algunas de las diligencias practicadas hasta la fecha. Entre ellas, se incluye la declaración de imputados y testigos; el material intervenido (archivos de contenido con estudios, artículos y normas relativas a abusos de menores); la denuncia por la desaparición de posibles pruebas y las escuchas telefónicas intervenidas en la causa.
También alude a la "desinstalación de determinados soportes de almacenamiento de información"; a la "denegación de acceso a ficheros de datos encriptados" y a las periciales que se han practico a lo largo de la instrucción.
Al tratarse de un procedimiento de sumario ordinario, el Juzgado deberá ahora dictar un auto de procesamiento, una declaración indagatoria del procesado y por último un auto de conclusión que daría por finalizada la instrucción.
Posteriormente la causa pasará a la Audiencia para la fase intermedia, en la que se da traslado a las partes para la revocación o confirmación del auto de conclusión de sumario. Será este tribunal provincial el que decrete la apertura de juicio oral.
La Audiencia de Granada confirmó el pasado septiembre que la causa sólo continuara contra el considerado líder del grupo, el padre Román M.V.C., al declarar prescritos los delitos atribuidos a los otros once imputados.
De este modo, la Audiencia desestimó los recursos planteados por la acusación particular y popular al auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada que consideró prescritos los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento que se les atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares y acordaba mantener sólo la imputación contra el padre Román.
CARTA AL PAPA
El caso se hizo público el pasado mes de noviembre, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión, que sin embargo quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas.
Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 25 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.
Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer 'ipso facto' denuncia contra todos los afectados.
El Papa se pronunció también coincidiendo con la salida a la luz de esos supuestos abusos en un vuelo de regreso a Roma tras su discurso en el Parlamento Europeo en el que señaló que "la verdad es la verdad" y "no debe esconderse".
El 'caso Romanones' también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los "escándalos" que afectaban entonces a la Iglesia.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos, al considerar que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.
Mantiene además el juez que los hechos se producen "por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial".
Paralelamente, el Juzgado de lo Social número 1 de Granada declaró el pasado septiembre la nulidad del despido del profesor de Religión que fue detenido en el marco de este caso y ha condenado a la Junta de Andalucía a readmitirle, al considerar que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
También ha condenado a la Junta a abonarle los salarios que ha dejado de percibir en este tiempo y tanto la administración autonómica como el Arzobispado de Granada, que le retire la idoneidad para impartir la asignatura de Religión, deberán indemnizarle de manera solidaria con 6.000 euros por los daños morales causados tras su despido. Tanto la Junta como el Arzobispado han recurrido la sentencia.
