La Cámara de Cuentas de Andalucía ha cuestionado la política de personal de la Diputación de Sevilla y ha llamado la atención por cubrir la asistencia médica privada y el gasto farmacéutico de todos sus funcionarios.
En un informe de fiscalización relativo al año 2012, el órgano fiscalizador sostiene que la asistencia médica privada y el gasto farmacéutico "no responden a ningún sistema de aportación, subvención o ayuda de cualquier género para fines de provisión, so pena de nulidad de los créditos concedidos para tal fin".
A partir de 2013 el gasto farmacéutico que la Diputación de Sevilla costea a sus funcionarios se ha limitado a los que se encontraban en activo en abril de 1993.
Asimismo, la Cámara de Cuentas alerta del riesgo de que trabajadores contratados para el desarrollo de determinados programas (167 en total) reclamen ante los tribunales su situación laboral a raíz de que cuatro hayan conseguido en que los juzgados de lo social les reconozca su carácter indefinido, al considerar que el convenio colectivo aplicable es el del personal laboral de la Diputación y no el de oficinas y despachos.
Por este motivo, la Diputación ha tenido que abonar una indemnización conjunta de 96.000 euros, según el informe, que advierte de la "incertidumbre" de que haya más reclamaciones y las ganen en los tribunales, lo que "obligará a la creación de plazas en su plantilla", así como a pagar los salarios de tramitación y las diferencias salariales derivadas del convenio que se les aplica en relación con el del personal laboral de la Corporación.
Por ello, la Cámara de Cuentas ha instado a la Diputación a dotar una provisión económica por si concurren esas circunstancias.
Asimismo, ha emplazado a esta corporación a que incluya dicha plazas en la relación de puestos de trabajo del organismo para contemplar su amortización o cobertura tras la finalización del procedimiento de selección pública, "sin que quepa el mantenimiento de esta anómala situación por tiempo indefinido".
En este sentido, la Cámara de Cuentas ha reprochado a la Diputación de Sevilla que hasta octubre de 2014 no haya aprobado la relación de puestos de trabajo, ya que hasta ese fecha no disponía de este instrumento ni tampoco de un catálogo de puestos de trabajo.
También conculcan algunas normativas laborales el premio a la jubilación ordinaria, que supuso en 2012 el abono de 248.000 euros, y el premio a la constancia que consiste en el abono de una serie de mensualidades al cumplir 20, 25, 30, 35 y 40 años de antigüedad, que en el ejercicio 2012 se elevó a 795.000 euros, según el informe.
En cuanto a la estructura retributiva del personal funcionario de la Diputación, la Cámara de Cuentas constata que se vulneran los principios de igualdad de oportunidades, transparencia, mérito y capacidad en el procedimiento para adjudicar los puestos de superior categoría, en los que había 24 funcionarios y 46 laborales en 2012.
También llama la atención sobre la decisión del pleno de la Diputación de abril de 2012 de incrementar las retribuciones del personal porque se incumplió la prohibición de la ley de presupuestos del Estado.
