Sería necio poner en duda la singular importancia de Las Atarazanas, un bien inmueble de interés cultural (BIC), con mil años de vida, protegido por la Ley del Patrimonio Histórico Español, por la Ley Andaluza y por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Sevilla.
Numerosos documentos históricos y testimonios arqueológicos lo confirman. Se ha repetido hasta la saciedad. Además, la intervención no encierra ninguna dificultad insuperable.
Entonces ¿qué se discute?
El abandono desde 1.993 impuesto por su propietaria (Junta de Andalucía), la intervención propuesta por la Caixa con un fin específico, convenido y recogido en un convenio firmado con la Consejería de Cultura para concesionar el monumento por 75 años (forma vigente de privatizar); el proyecto aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio, aunque desconocido por los sevillanos, y con la licencia de obra otorgada por el Ayuntamiento. En suma, no se discute el convenio (¡..!) sino implícitamente el proyecto que ha cumplido todos los trámites administrativos.
Según la prensa, el proyecto arquitectónico de intervención no ha gustado: “no ha sido expuesto al público”, es “incompleto”, es una “falsa rehabilitación”, “no rescata la cota original” perdida hace quinientos años que multiplicaría la monumentalidad del edificio; da un “insuficiente tratamiento de valorización a la antigua muralla”; libera los arcos que dan hacia la calle Dos de Mayo, manteniendo la cota actual para “convertir las naves en una gran sala de exposición”.
El banco ha rechazado varios proyectos alternativos. ¿Qué alternativa le quedaría a la propietaria (Junta de Andalucía)? ¿Mantener las Atarazanas como hasta ahora, en el abandono? ¿Continuar con la excavación arqueológica para formular un proyecto integral de intervención arquitectónica y de gestión? ¿Iniciar una discusión pública proactiva para proponer usos, posible financiación y gestión del edificio intervenido?
En 2010 el Gobierno italiano primero preparó un proyecto parcial de restauración del Coliseo de Roma; luego, debido a la escasez de recursos públicos, hizo una invitación internacional pública a los sponsors para financiarlo.
La Sociedad Tod’s (artículos exclusivos de piel) donó € 25M y a cambio obtuvo el derecho a usar ese espacio para su publicidad durante 20 años. Fue así como se iniciaron las obras que pronto terminarán. Una alternativa más conveniente al interés público que la decidida por la Junta de Andalucía.
Nuestros representantes que gobiernan no siempre están a la altura. No es su culpa.
